Redacción
La semana pasada, en una protesta pacífica frente a las instalaciones de SEDATU, los manifestantes fueron intimidados por supuestos allegados de Alonso Cacho Silva, en un evidente esfuerzo por acallar las críticas.
El temor se ha extendido en los corredores de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Esta situación la relatan varios empleados que han visto o sufrido acoso por parte de Alonso Cacho Silva y su círculo más cercano.
La situación se agravó recientemente, cuando ciudadanos manifestantes, que pedían justicia de forma pacífica, fueron acechados por oficiales y personas cercanas al jefe de oficina. Aunque ya se interpuso una denuncia, sigue existiendo el miedo a represalias.
¿Hasta qué punto se protegerá a este funcionario? ¿Será el derecho a la protesta pacífica criminalizado cuando se trata de criticar a los cercanos al poder?
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tiene ante sí no solo la tarea de investigar posibles faltas administrativas, sino también de asegurar que los denunciantes no sean revictimizados.