Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Más de 100,000 extrabajadores de empresas estatales y banca de desarrollo reciben pensiones superiores al salario de la presidenta de la República, según datos revelados por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. La información, difundida entre el 13 y 14 de marzo, detalla que cuatro exfuncionarios perciben más de un millón de pesos mensuales cada uno, en un esquema de pensiones “doradas” que genera críticas por su costo y opacidad. El gasto total anual en estos beneficios supera los 94,000 millones de pesos, en medio de un debate sobre austeridad republicana y la necesidad de reformar el sistema de jubilaciones del sector público.
Entre los casos más destacados se encuentran Jorge Evodio Chapa de la Torre, quien recibe 1,077,000 pesos al mes; Carlos Arturo Sánchez Magaña, con 1,107,000 pesos; y Edgar Velázquez y Kenneth Sydney Smith, ambos con 1,037,000 pesos mensuales. Además, otras 21 personas obtienen pensiones que oscilan entre los 987,000 y los 181,000 pesos. Estas cifras contrastan con el salario de la presidenta Claudia Sheinbaum, que asciende a 160,000 pesos mensuales, según la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
La revelación de estos datos se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre el gasto público y las prerrogativas de antiguos servidores del Estado. Si bien los montos corresponden a regímenes de pensiones establecidos en contratos y leyes anteriores, su persistencia genera cuestionamientos sobre la equidad del sistema y la sostenibilidad financiera, especialmente cuando se comparan con las pensiones promedio de los trabajadores del sector privado o de seguridad social.
Paralelamente, en el ámbito político-electoral, el partido Morena enfrenta una controversia interna por el uso de espectaculares por parte de aspirantes a coordinaciones estatales en Coahuila. El Consejo Nacional del partido había prohibido el 7 de marzo esta práctica de promoción anticipada, pero el senador Gerardo Fernández Noroña reconoció que es recurrente en los procesos internos. “Es una práctica que se ha dado, no es nueva”, afirmó el legislador, quien restó importancia a las acusaciones de violación al reglamento.
El Instituto Electoral de Coahuila, encabezado por Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, recibió impugnaciones sobre estos espectaculares, aunque aún no se ha dado a conocer un resultado específico. Por su parte, el Partido Acción Nacional solicitó al Instituto Nacional Electoral la geolocalización de la propaganda para verificar posibles infracciones, aunque tampoco se ha emitido una respuesta formal al respecto.
En medio de estas tensiones, la coalición gubernamental integrada por Morena, el PT y el PVEM negocia un acuerdo de unidad y un “plan B” electoral, anunciado por la presidenta Sheinbaum, aunque los detalles completos de esta estrategia no han sido revelados públicamente. El coordinador de los senadores morenistas, Ignacio Mier, ha llamado a la disciplina interna y al respeto de los procesos establecidos.
La convergencia de estos temas—pensiones millonarias, regulación de la propaganda interna y acuerdos de coalición—pone en evidencia los desafíos de la gestión pública y la transparencia en el actual gobierno. Mientras la Secretaría de Anticorrupción saca a la luz datos sobre beneficios considerados excesivos, la clase política debate cómo autorregularse en un año marcado por la competencia interna y la búsqueda de cohesión frente a los comicios venideros.