Gobierno envía Plan B de reforma electoral al Senado tras negociar con aliados

Por Redacción

La República, 17 de marzo de 2026.- El gobierno federal envió al Senado de la República el denominado Plan B de la reforma electoral, una versión modificada que incluye principalmente la reducción de presupuestos para congresos locales y el número de regidurías, tras lograr acuerdos con los partidos aliados PT y PVEM que habían rechazado la iniciativa original. La propuesta, negociada mediante reuniones en la Secretaría de Gobernación encabezada por Rosa Icela Rodríguez, establece un tope del 0.7% del presupuesto estatal para legislativos locales, proyectando un ahorro de aproximadamente 4 mil millones de pesos respecto al presupuesto actual de 18,429,929,000 pesos. La presidenta Claudia Sheinbaum defendió que esta nueva versión mantiene la esencia de reducir privilegios, aunque fuentes indican que solo incorpora dos de los puntos acordados con sus socios políticos.

El envío de esta iniciativa ocurre seis días después del rechazo a la reforma electoral original por parte del PT y el PVEM el 11 de marzo, lo que obligó al gobierno a renegociar los términos. El Plan B se enmarca dentro de los componentes de austeridad republicana que promueve el ejecutivo federal, aunque se desconoce el texto completo de la iniciativa y los detalles específicos de las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

Manuel Velasco, coordinador del PVEM en el Senado, confirmó el apoyo de su partido a la propuesta, aunque no se ha difundido una postura oficial del PT sobre el acuerdo final. Tampoco se ha especificado el número exacto de artículos constitucionales que serán modificados con esta nueva iniciativa.

El proceso legislativo iniciará ahora en el Senado, donde Morena y sus aliados tienen mayoría, aunque se anticipa que la oposición podría presentar resistencias argumentando que los cambios afectan la autonomía de los organismos electorales y los congresos locales. La discusión ocurre en un contexto donde el gobierno busca consolidar reformas estructurales en materia electoral durante el primer año de administración.

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