Por Redacción
La República., 17 de marzo de 2026.- El gobierno federal envió al Senado de la República el denominado Plan B de reforma electoral, centrado en medidas de austeridad y recortes presupuestales, después de que la Cámara de Diputados rechazara una reforma constitucional más amplia propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. La iniciativa establece topes al gasto de congresos locales, reduce el número de regidurías municipales y mantiene la elección popular de juzgadores para 2027, generando reacciones inmediatas de partidos opositores.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó los detalles del plan durante la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’ desde Palacio Nacional. Entre las medidas destacan la reducción de regidurías municipales a un máximo de 15 y un mínimo de 7, un tope presupuestal para congresos locales del 0.7% del gasto estatal y una reducción progresiva de gastos en el Senado hasta alcanzar el 15%.
La iniciativa se enmarca en la política de ‘austeridad republicana’ de la Cuarta Transformación y busca implementar cambios que no requieren reforma constitucional o que podrían tener mayor consenso entre las fuerzas políticas. Incluye además la elección de 850 juzgadores del Poder Judicial en 2027, luego de que se analizara la posibilidad de posponerla para 2028.
El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, fue el primero en reaccionar ante el anuncio, aunque las fuentes disponibles no precisan el contenido de su declaración. Se espera que en los próximos días los demás partidos políticos (Morena, PAN, PRI, PRD, PT, PVEM) definan su postura oficial frente a esta nueva propuesta.
El Plan B surge como respuesta al rechazo legislativo de una reforma constitucional más ambiciosa que proponía reducir legisladores plurinominales y recortar financiamiento a partidos políticos. El gobierno federal busca ahora avanzar con medidas de austeridad y reestructuración del gasto local que puedan ser aprobadas con mayor facilidad en el Congreso de la Unión.