Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- Tres personas fallecieron tras el colapso de un edificio en San Antonio Abad 124, alcaldía Cuauhtémoc, lo que desató un conflicto entre autoridades locales y del gobierno capitalino sobre la responsabilidad de supervisar la demolición. La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega aseguró que correspondía al gobierno de la Ciudad de México garantizar la seguridad mediante un Acuerdo de Facilidades, mientras que el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, sostuvo que la vigilancia primaria recaía en la alcaldía.
El incidente ocurrió el pasado 9 de marzo durante trabajos de demolición en el inmueble ubicado en el centro de la capital. Según la versión de la alcaldesa Cuauhtémoc, el permiso de demolición había sido negado inicialmente el 17 de octubre por detectarse al menos 10 riesgos graves, pero fue autorizado tres días después mediante el Acuerdo de Facilidades que, según Rojo de la Vega, “obligaba a las autoridades de la Ciudad de México a supervisar la obra, coordinar el proceso y garantizar la seguridad”.
Por su parte, el secretario de Vivienda capitalino, Inti Muñoz Santini, contradijo esta versión durante una conferencia de prensa, afirmando que “la responsabilidad primaria de vigilancia recaía de manera ineludible en la alcaldía Cuauhtémoc, con o sin acuerdo de facilidades”. Esta postura generó un enfrentamiento público entre ambos niveles de gobierno.
La alcaldesa calificó la decisión de autorizar la demolición como deliberada, señalando que “no fue un error. Fue una decisión”, lo que sugiere que existía conciencia sobre los riesgos que presentaba el inmueble. Hasta el momento, no se ha proporcionado información sobre la identidad de las tres víctimas mortales ni sobre la empresa propietaria del edificio colapsado.
El conflicto por las responsabilidades ocurre en un contexto donde tanto el gobierno capitalino como las alcaldías buscan definir competencias en materia de supervisiones de obra y demoliciones en una ciudad con un parque inmobiliario envejecido. La investigación sobre las causas específicas del colapso y la determinación de responsabilidades penales y administrativas continúa abierta.