Por Redacción
México, 19 de marzo de 2026.- La iniciativa de reforma electoral conocida como “Plan B”, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado, enfrenta un debate intenso con críticas y reservas de partidos clave, incluyendo aliados del gobierno, y una defensa férrea del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre su autonomía financiera y los salarios de sus consejeros. El PAN advirtió que la propuesta es una “farsa” que no ataca problemas de fondo como el dinero del narco en las elecciones, mientras que el Partido del Trabajo (PT), aunque anunció su respaldo, condiciona su apoyo al cambio de fecha para la revocación de mandato, prefiriendo 2028 en lugar de 2027 para evitar riesgos a la equidad.
El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, criticó que la iniciativa no resuelve la sobrerrepresentación de Morena ni el financiamiento ilícito, y calificó como “torpezas vulgares” aspectos como la posible eliminación de la paridad de género en los ayuntamientos. Por su parte, el diputado Rubén Moreira alertó que el Plan B busca influir en los comicios de 2027 y representa un retroceso democrático al permitir la participación del Ejecutivo en campañas a través del proceso de revocación.
Dentro del PT surgieron posturas públicas divergentes. Benjamín Robles, de la dirigencia nacional, anunció el respaldo al Plan B pero con la reserva expresa sobre la fecha de la revocación, argumentando que realizarla en 2027, impulsada desde el gobierno y no por la ciudadanía, pondría en riesgo la equidad del proceso. En contraste, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre aseguró que votará a favor de la iniciativa, respaldándola sin condiciones, lo que revela una evaluación interna aún en curso dentro de la bancada.
El INE, a través de su consejera Guadalupe Taddei y otros miembros, defendió su autonomía presupuestal y los altos sueldos de sus consejeros, que actualmente perciben alrededor de 262 mil pesos brutos mensuales, cifra superior al salario de la presidenta de la República. La propuesta del Plan B plantea un tope salarial de 134 mil pesos mensuales y un recorte presupuestal progresivo del 15% en cuatro ejercicios fiscales, medidas que el instituto considera un ataque a su independencia, en una pugna que se arrastra desde 2018.
La reforma también contempla cambios en la integración de los ayuntamientos, afectando a 56 municipios con reducción de regidurías y a 1,089 con aumento, lo que según el PAN podría generar mayores costos operativos. Con unos 18,000 trabajadores, el INE se prepara para resistir los ajustes, mientras la discusión en el Senado se perfila compleja, con la postura oficial de Morena y del Partido Verde Ecologista de México aún por definirse claramente, en un escenario donde la sombra de la elección de 2027 planea sobre el debate.