Por Redacción
Estados Unidos, 19 de marzo de 2026.- El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este miércoles la expansión de un programa que exige a ciudadanos de 50 países el pago de una fianza reembolsable de 15 mil dólares para obtener una visa de turista o negocios, una medida que busca reducir costos de deportación y que se enmarca en las políticas migratorias más estrictas de la Administración del presidente Donald Trump. La ampliación, que entrará en vigor el 2 de abril, añade doce nuevos países a la lista, entre ellos Nicaragua, Camboya, Etiopía y Túnez, elevando el total de naciones sujetas al requisito desde las 38 que ya estaban incluidas.
El programa, que según cifras oficiales tiene una tasa de cumplimiento del 97%, obliga a los solicitantes de visa a depositar la fianza, la cual les será devuelta solo si salen de Estados Unidos dentro del plazo autorizado y no incurren en violaciones migratorias. Las autoridades estadounidenses justifican la medida señalando que el costo promedio de deportar a una persona supera los 18 mil dólares, por lo que estiman un ahorro de aproximadamente 800 millones de dólares anuales para el erario.
Los otros países incorporados en esta nueva fase son Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Papúa Nueva Guinea y Seychelles. Con esta expansión, la política abarca ciudadanos de medio centenar de naciones, aunque el Departamento de Estado no ha hecho pública la lista completa de los 38 países previamente afectados, entre los que se encuentran ejemplos citados en comunicados anteriores.
La decisión se produce en un contexto de endurecimiento de las políticas fronterizas y migratorias bajo el mandato de Trump, quien ha priorizado medidas para disuadir la inmigración irregular y reducir la carga fiscal asociada a los procesos de deportación. La fianza actúa como un mecanismo financiero de garantía, destinado a asegurar que los visitantes cumplan con los términos de su estancia temporal.
La implementación de este requisito ha generado críticas de grupos defensores de derechos migrantes, quienes argumentan que crea barreras económicas discriminatorias para ciudadanos de países en desarrollo. No obstante, el gobierno estadounidense sostiene que es una herramienta eficaz para proteger la integridad del sistema de inmigración y asegurar el retorno de los visitantes.
El anuncio no especificó los criterios detallados utilizados para incluir a los nuevos doce países, ni el mecanismo operativo exacto para la devolución de la fianza. La medida refleja una continuidad en la estrategia de la actual administración para externalizar los costos de la aplicación de la ley migratoria hacia los propios solicitantes de visas.