Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- Especialistas e investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) anunciaron que procederán legalmente con amparos, denuncias y demandas contra funcionarios actuales y exdirectores de la institución por los presuntos daños al patrimonio arqueológico durante la construcción del Tren Maya. Las acusaciones se centran en la destrucción de estructuras mayas y la reubicación irregular de monumentos en los llamados “Parques de la Memoria”, calificando los hechos como un crimen de “lesa arqueología”.
Los denunciantes, integrantes de la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico y del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia, señalaran como responsables al exdirector del INAH, Diego Prieto, por haber autorizado e impulsado el proyecto de salvamento arqueológico sin oponerse a la obra. También mencionan a funcionarios actuales como Margarito Molina, director del Centro INAH en Quintana Roo; Manuel Pérez Rivas, encargado del salvamento arqueológico del Tren Maya, y a los miembros del Consejo de Arqueología que validaron dichas acciones.
Según las cifras presentadas por el arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, del Centro INAH Quintana Roo, más de 62,000 estructuras mayas no han sido recuperadas hasta 2026. Además, se denuncia la manipulación de 47 monumentos supuestamente restaurados para el proyecto de Chetumal y la reubicación de 36 piezas arqueológicas en el parque Balam Tun, donde se acusa que se mezclaron restos de tres sitios distintos para crear un atractivo turístico carente de valor científico.
El arqueólogo Jesús E. Sánchez explicó que las acciones legales buscan responsabilizar a quienes permitieron el uso de maquinaria pesada para la “deconstrucción” de sitios prehispánicos bajo el argumento del desarrollo. “No estamos hablando de que solamente se movieron una estructura o un sitio arqueológico, se movieron tres sitios arqueológicos distintos, literalmente agarraron y pegaron”, afirmó Sánchez durante la mesa de debate donde se expusieron las irregularidades, indicando que la asamblea general del sindicato definirá la logística final de los procedimientos este día.
Las denuncias destacan que en los procesos de excavación y traslado participaron personal sin la cualidad de arqueólogos, incluyendo antropólogos físicos y sociales, lo cual contraviene la legislación vigente en materia de patrimonio. Los especialistas argumentan que el Consejo de Arqueología ha negado permisos para salvaguardar el patrimonio in situ, priorizando su desplazamiento para fines comerciales, una práctica que consideran injustificada y destructiva para el legado maya en Campeche y Quintana Roo.
Este conflicto interno en el INAH marca un precedente en la defensa del patrimonio cultural frente a megaproyectos de infraestructura. Mientras los funcionarios denunciados no han emitido una respuesta oficial inmediata, la comunidad académica prepara la documentación técnica y pericial para llevar el caso ante las autoridades competentes, buscando frenar lo que describen como una sistemática pérdida de evidencia histórica irreemplazable.