Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La Secretaría de Gobernación (Segob) recibió la notificación oficial de una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que declara la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos sufridas por Ernestina Ascencio en 2007. El fallo, dado a conocer este miércoles, establece que las autoridades fallaron en la protección judicial y no actuaron con la debida perspectiva de género e interseccionalidad al investigar los hechos ocurridos en Veracruz.
De acuerdo con el contexto del caso, la víctima, una mujer indígena de la etnia totonaca, falleció tras ser sometida a presuntas agresiones sexuales por parte de elementos del Ejército Mexicano. La Corte IDH determinó que el Estado vulneró los derechos a la vida y a la salud de Ascencio, así como la integridad de sus familiares, debido a la falta de una investigación exhaustiva y oportuna que permitiera esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
La sentencia subraya la gravedad de la omisión estatal al no incorporar un enfoque diferenciado que considerara la condición de vulnerabilidad de la víctima por su origen étnico y género. Este precedente jurídico obliga al gobierno federal a implementar medidas de reparación integral, las cuales incluyen acciones de compensación a los familiares afectados y garantías de no repetición para prevenir futuros abusos por parte de fuerzas de seguridad en comunidades indígenas.
Ante el fallo, la Secretaría de Gobernación, como representante del Estado mexicano en el sistema interamericano, deberá coordinar la ejecución de las disposiciones ordenadas por el tribunal. Aunque los detalles específicos de las medidas de reparación y los plazos exactos de cumplimiento serán analizados en los próximos días por las autoridades competentes, la decisión marca un punto de inflexión en la jurisprudencia sobre violencia militar contra mujeres indígenas en México.
El caso de Ernestina Ascencio ha sido emblemático durante casi dos décadas para organizaciones de derechos humanos y familiares, quienes han denunciado la impunidad y la simulación en las investigaciones originales. La condena internacional reabre la discusión sobre la necesidad de reformar los protocolos de actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y la obligación del Estado de proteger a las poblaciones más marginadas.
Se espera que en los próximos meses el Estado mexicano presente un plan de cumplimiento ante la Corte IDH, detallando cómo se llevarán a cabo las investigaciones complementarias, las búsquedas de verdad y las reformas institucionales requeridas para evitar que hechos de esta naturaleza se repitan en el territorio nacional.