Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- El sistema de justicia penal en México atraviesa una crisis estructural sin precedentes, donde únicamente 10.55% de los casos logran una resolución efectiva, mientras la violencia contra las fuerzas de seguridad se intensifica con 82 policías asesinados entre enero y el 10 de marzo de este año. Estas cifras fueron expuestas este miércoles en la capital del país por las organizaciones México Evalúa y Causa en Común, que alertan sobre la impunidad generalizada y el riesgo extremo para los agentes encargados de aplicar la ley.
De acuerdo con el estudio ‘Radiografía de la Impunidad en México: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal 2024’, presentado por México Evalúa con base en datos del INEGI, aunque 93.8% de las denuncias derivan en la apertura de una carpeta de investigación, el proceso se desmorona rápidamente. Solo 6.28% de estos expedientes logran llegar a una acción penal, lo que demuestra que la mayoría de los procedimientos se archivan o estancan antes de alcanzar una sentencia o solución real para las víctimas.
La falta de confianza en las instituciones queda reflejada en los niveles de subregistro. En estados como Coahuila, 90.7% de los delitos no se denunció, mientras que en Durango la cifra asciende a 92.6%. Estos porcentajes indican que la población ha dejado de acudir a las autoridades debido a la percepción de que el sistema no ofrece garantías de justicia ni protección, alimentando un ciclo de ilegalidad que beneficia a la delincuencia organizada.
En paralelo, el reporte de Causa en Común sobre la situación de las fuerzas de seguridad destaca un panorama desolador para los policías. Con 82 homólogos ejecutados en menos de tres meses de 2026, la tasa de letalidad sugiere que las corporaciones policiales operan sin los recursos ni las estrategias necesarias para enfrentar al crimen organizado, convirtiendo a los agentes en objetivos prioritarios de grupos violentos.
Expertos en seguridad pública señalaron que la combinación de una justicia inoperante y una policía bajo fuego crea un escenario de indefensión total para la sociedad. La incapacidad del Estado para procesar penalmente a los culpables y proteger a sus propios servidores públicos debilita el tejido social y profundiza la percepción de abandono por parte del gobierno federal y las administraciones locales.
Ante estos hallazgos, las organizaciones civiles exigieron una revisión urgente de los protocolos de investigación y las políticas de protección policial. Sin reformas inmediatas que permitan aumentar la tasa de resolución de casos y frenar la mortandad entre los uniformados, el sistema de justicia corre el riesgo de colapsar definitivamente, dejando a la población a merced de la impunidad y la violencia.