Por Redacción
Washington, 20 de marzo de 2026.- Una coalición conformada por 24 estados, junto con una docena de ciudades y condados de Estados Unidos, presentó una demanda legal contra la administración de Donald Trump y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) por la revocación de las limitaciones a los gases de efecto invernadero. La acción judicial fue interpuesta este jueves ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, en respuesta a la decisión ejecutiva tomada en febrero de 2026.
Los demandantes sostienen que la EPA actuó de manera ilegal al eliminar una conclusión científica establecida en 2009, la cual determinaba que los gases de efecto invernadero representan una amenaza directa para la salud pública. Según lo expuesto en la demanda, esta medida administrativa se contrapone al consenso científico vigente y deja sin protección regulatoria a la población frente a los impactos del cambio climático.
La iniciativa legal busca impugnar la validez jurídica del proceso mediante el cual la actual administración eliminó las restricciones ambientales. Aunque la investigación no detalla la lista específica de las entidades federativas o municipios participantes, se confirma que la agrupación incluye representantes de diversos niveles de gobierno local y estatal que han decidido unir fuerzas para frenar el desmantelamiento de las normas climáticas.
Se prevé que esta nueva demanda se consolide con un litigio anterior iniciado por grupos ecologistas, quienes también han cuestionado las políticas ambientales del gobierno federal. La convergencia de estas acciones legales refleja la oposición coordinada de sectores gubernamentales subnacionales y organizaciones civiles ante los cambios regulatorios implementados desde Washington.
El caso quedará bajo la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, instancia clave para definir el futuro de las regulaciones ambientales en el país. El desenlace de este proceso jurídico podría establecer precedentes importantes sobre la capacidad de la agencia federal para modificar estándares de protección basados en evidencia científica previa.