Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) exoneró a Pío López Obrador de las acusaciones por financiamiento ilícito a favor del partido Morena, cerrando definitivamente un proceso legal que se arrastró desde agosto de 2020. La resolución judicial concluyó que no existían pruebas contundentes para demostrar la comisión de delitos electorales, poniendo fin a la impugnación que el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador presentó originalmente en octubre de ese mismo año.
El caso tuvo su origen en la difusión de videos grabados en 2015 en el estado de Chiapas, donde se observa a Pío López Obrador recibiendo sobres con dinero en efectivo de manos de David León Romero. En las imágenes, mencionadas en la investigación, se hacen referencia a montos de 1 millón de pesos y 400 mil pesos. A pesar de esta evidencia visual, la magistrada Mónica Soto y el resto de la Sala Superior determinaron que los materiales no constituían un elemento probatorio suficiente para rastrear el origen y destino de los recursos con la certeza requerida por la ley electoral.
Esta decisión contrasta con la postura de fuentes periodísticas que han enfatizado la claridad de los videos y la falta de trazabilidad del dinero como indicios de irregularidades. Pío López Obrador ha mantenido su declaración de no haber cometido ninguna falta o delito, argumentando que las acusaciones fueron parte de una estrategia para afectar su prestigio. El cierre del caso por parte del TEPJF ocurre después de que otras instancias ya habían archivado las investigaciones; el Instituto Nacional Electoral (INE) lo hizo en 2021 por prescripción, y la Fiscalía General de la República siguió el mismo camino en octubre de 2022 por falta de elementos para proceder penalmente.
La controversia mediática se centró en la difusión de los materiales por parte de Latinus, medio dirigido por Carlos Loret de Mola, quien sacó a la luz las grabaciones en 2020. Ante ello, Pío López Obrador no solo impugnó el caso ante el tribunal electoral, sino que también emprendió acciones legales contra el periodista por las afectaciones a su reputación. Sin embargo, la investigación actual no detalla el estado procesal de dicha demanda ni ofrece explicaciones específicas sobre los criterios técnicos exactos por los cuales los videos perdieron valor probatorio ante los magistrados.
Con esta sentencia, se pone un punto final a un expediente que involucró directamente al entorno familiar del jefe del Ejecutivo federal. La resolución del TEPJF en marzo de 2026 impide cualquier futura reapertura del caso por la vía electoral, consolidando la exoneración de Pío López Obrador tras casi seis años de escrutinio público y procesos administrativos que no lograron demostrar la ilicitud de los fondos mostrados en las grabaciones de hace más de una década.