Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- A un año de la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), los datos oficiales revelan una caída superior al 88% en la resolución de recursos de revisión. Mientras que en 2024 el organismo disuelto resolvió 53,233 casos, su sucesor, Transparencia para el Pueblo, apenas atendió 5,921 recursos desde su inicio de operaciones en marzo de 2025, generando cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta del nuevo sistema de rendición de cuentas.
La reducción drástica en la productividad coincide con la entrada en vigor de las reformas a la Ley Federal de Transparencia que eliminaron al INAI el 20 de marzo de 2025. Durante el primer trimestre de 2025, antes de la transición completa, el INAI logró resolver más de 8,000 recursos, cifra que contrasta con el desempeño anual del nuevo ente. Julieta del Río, excomisionada del extinto instituto, señaló que no existe manera de evaluar al nuevo órgano debido a la falta de datos sobre su desempeño, lo que dificulta medir la efectividad real del cambio institucional.
En medio de este escenario de opacidad estadística, surgió una contradicción legal respecto a la transparencia de un contrato de seguridad del Instituto Nacional Electoral (INE). La publicación La Silla Rota solicitó mediante un recurso de revisión la divulgación del contrato INE/050/2025, el cual contempla la instalación de más de 300 cámaras de videovigilancia en ocho edificios y 32 juntas locales del organismo electoral.
El INE argumentó inicialmente que la información debía reservarse por cinco años, alegando que su divulgación ponía en riesgo la seguridad nacional y la integridad de su personal, pues su equipo de seguridad no se había actualizado desde 2008 y resultaba insuficiente ante las condiciones actuales de violencia. Sin embargo, el Órgano Interno de Control (OIC) revocó dicha reserva, determinando que el contrato no revela aspectos técnicos ni detalles de infraestructura que puedan poner en riesgo la seguridad nacional, ni la vida, seguridad o salud de persona física alguna.
Este dictamen del OIC expone la divergencia entre los argumentos de seguridad esgrimidos por las instituciones y los criterios de los órganos de control interno en el nuevo esquema de transparencia. Aunque el INE fue obligado a transparentar partes del acuerdo con la empresa Verkada, la investigación no especifica qué segmentos exactos del contrato fueron publicados ni los costos detallados que ahora son de acceso público.
La estructura actual de Transparencia para el Pueblo, que comenzó a operar formalmente en junio de 2025, enfrenta el desafío de recuperar los niveles de atención que caracterizaban al anterior régimen. Con un millón de solicitudes de información recibidas por el INAI solo en 2024, la capacidad de respuesta del nuevo organismo será determinante para garantizar el derecho de acceso a la información en un contexto donde las cifras de resolución muestran un colapso operativo significativo.