Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- En un esfuerzo coordinado que abarca salud pública, protección ambiental y seguridad marítima, autoridades mexicanas reportaron avances significativos en tres frentes críticos: la recepción de 42 contribuciones por parte del Relator Especial de la ONU para regular sustancias químicas peligrosas, la aplicación de más de 147 mil dosis de vacuna contra el sarampión en Coahuila y el aseguramiento de 25.11 toneladas de pesca ilegal en Ensenada.
Marcos A. Orellana, Relator Especial de la ONU sobre sustancias y desechos peligrosos, concluyó su visita al país con la recepción de 42 contribuciones destinadas a fortalecer la legislación nacional. Estas propuestas se enmarcan en el contexto de la impunidad prevaleciente tras el ecocidio en el Río Sonora de 2014 y buscan regular el manejo de los más de 142 millones de sustancias químicas registradas actualmente en el mundo. La iniciativa legislativa impulsada por Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, se alinea con estas recomendaciones internacionales para prevenir daños a la salud y al entorno.
En el ámbito de la salud preventiva, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila intensificó su campaña de vacunación contra el sarampión. Verónica Hernández Sandoval, enfermera supervisora de la institución, confirmó que se han aplicado más de 147 mil dosis en la entidad, una medida crucial para mantener la cobertura inmunológica y prevenir brotes epidemiológicos en la región norte del país.
Simultáneamente, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y en coordinación con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), ejecutó un operativo de vigilancia en Ensenada, Baja California. Las fuerzas navales lograron el decomiso de 25,110 kilogramos de productos pesqueros obtenidos ilegalmente. El cargamento asegurado incluye 2,100 kilogramos de buche de curvina y 23,010 kilogramos de pescado entero congelado de la misma especie, evidenciando la persistencia de actividades ilícitas que amenazan la biodiversidad marina.
Estas acciones reflejan la multifacética gestión pública actual, donde convergen la diplomacia ambiental para actualizar marcos jurídicos obsoletos, la ejecución de programas sanitarios masivos y la aplicación de la ley en zonas de alta vulnerabilidad ecológica. La convergencia de estos eventos en marzo de 2026 subraya la prioridad que otorgan las autoridades a la mitigación de riesgos químicos, biológicos y ambientales.
Si bien se han establecido los mecanismos para la recepción de propuestas por parte del organismo internacional y se mantienen los operativos de inspección, persisten desafíos en la identificación plena de los responsables de los cargamentos ilegales y en la definición de fechas concretas para la discusión legislativa de las nuevas regulaciones sobre tóxicos en el Congreso de la Unión.