Por Redacción
Torreón, 21 de marzo de 2026.- Trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Torreón se manifestaron este sábado en la presidencia municipal para denunciar presuntos actos de corrupción y hostigamiento laboral dentro de la Tesorería, específicamente en el área de Ingresos. Los empleados aseguraron que personal contratado externamente está realizando las funciones que les corresponden, lo cual les impide trabajar y allegeadamente facilita la comisión de irregularidades con fondos recuperados de deudores del impuesto predial.
La protesta fue liderada por miembros del Sindicato Único de Trabajadores del Servicio Público del Municipio de Torreón (SUETSRT), cuya secretaria general es Rosalva Rodríguez. Entre las acusaciones vertidas por los trabajadores, como José Luis Martínez, destaca la señalización directa hacia Miguel Ramos, subdirector de Ingresos, y Roberto Barrios, director de la misma dependencia, a quienes vinculan con la operación de este esquema. Asimismo, mencionaron al tesorero Javier Lechuga Jiménez y al secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro, como parte de la estructura administrativa involucrada.
Según los manifestantes, la contratación de personal externo bajo régimen de honorarios ha desplazado a los empleados de base, creando un escenario propicio para lo que denominaron ‘tranzas’ con el dinero recuperado de la cobranza coercitiva. Las oficinas de Rezagos y Notificaciones, ubicadas en el edificio del antiguo Banco de México en la avenida Morelos y calle Cepeda, son el centro de estas operaciones, mientras que el subdirector y el personal externo permanecen en el área de Ingresos de la Plaza Mayor.
En respuesta a las acusaciones, el alcalde Román Alberto Cepeda González negó que exista un riesgo laboral para los trabajadores y defendió al director Roberto Barrios. El edil atribuyó la inconformidad a ‘ajustes’ administrativos destinados a mejorar la eficiencia del área de Ingresos. Aunque reconoció que los argumentos de corrupción ‘se respetan y validan’, insistió en que se trata de reacomodos necesarios para la operación municipal y no de actos ilícitos.
El conflicto se desarrolla en un contexto de crecimiento significativo en las finanzas municipales. Mientras que en 2022 el presupuesto ejercido por el Ayuntamiento fue de 2 mil 850 millones de pesos, la administración actual maneja un presupuesto para 2026 de casi 6 mil millones de pesos. Los trabajadores sindicalizados han solicitado audiencias con el secretario del Ayuntamiento y el tesorero para exponer sus pruebas, aunque hasta el momento no se ha informado un resultado concreto de dichas solicitudes ni una respuesta detallada de los funcionarios acusados sobre los montos o casos específicos de las supuestas irregularidades.