Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) formalizaron un convenio de colaboración el 20 de marzo de 2026 en la capital del país, con el objetivo de incorporar la perspectiva de igualdad sustantiva y no discriminación en la labor jurisdiccional. El acuerdo fue suscrito por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y la presidenta del Conapred, Claudia Olivia Morales Reza, en un acto que contó con la presencia de la senadora Malú Micher, quien destacó la necesidad de armonizar las leyes de género en todos los estados de la República.
Este esfuerzo institucional busca alinear la práctica judicial con los principios constitucionales de equidad, aunque la investigación no detalla los mecanismos concretos que se implementarán para lograr dicha incorporación ni establece plazos específicos de seguimiento para la armonización legislativa en las entidades federativas. La iniciativa se enmarca en un contexto donde la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, gestionada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, suma ya más de 5 mil bases de datos provenientes de 184 instituciones, lo que teóricamente facilitaría el monitoreo de políticas públicas.
En paralelo a los anuncios oficiales, organizaciones de la sociedad civil como Indigenous Peoples Rights International México, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Centro de la Montaña Tlachinollan y Voces del Territorio México emitieron un posicionamiento crítico. Estas agrupaciones exigen que los derechos de los pueblos indígenas sean vinculantes y no permanezcan como declaraciones sin fuerza coercitiva, demandando la expedición de una ley reglamentaria del artículo 2 constitucional, cuyo contenido y estatus legislativo no han sido especificados por las autoridades.
La contraste entre el discurso de avance en derechos humanos y la realidad operativa del sistema de justicia quedó evidenciada con la mención de un caso judicial específico. Se señala la actuación de la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo, quien otorgó un amparo al empresario Pedro Miguel Babb Villarreal, acusado de fraudes, involucrando también a José Manuel Mireles Verástegui y Carlos Eduardo González Hernández. Este episodio ha generado cuestionamientos sobre la procuración de justicia, sugiriendo una posible contradicción entre los compromisos institucionales de la SCJN y las decisiones tomadas en tribunales federales.
La investigación no registra reacción alguna del Poder Judicial respecto a las críticas derivadas de este caso ni proporciona detalles sobre la fecha exacta de la firma del convenio más allá del 20 de marzo. Mientras el Senado impulsa la uniformidad en las leyes de género y la SCJN promueve la no discriminación, la demanda social por derechos indígenas efectivos y la vigilancia sobre la imparcialidad judicial continúan siendo puntos centrales en la agenda de justicia y derechos humanos en México.