Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- La renovación del estatus de donatarias autorizadas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene en situación de incertidumbre a más de 100 organizaciones de la sociedad civil en México, tras conocerse la revocación de la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos. Entre las instituciones afectadas se encuentran Mexicanos Primero y México Evalúa, las cuales han informado que continúan operando con normalidad a la espera de una resolución formal por parte de la autoridad fiscal.
El conflicto surgió a partir de los comunicados emitidos por las organizaciones involucradas, donde se da a conocer la cancelación o revocación de su estatus, un mecanismo que permite a los contribuyentes deducir las donaciones realizadas a estas entidades. Aunque la fecha del evento se remonta al 19 de diciembre de 2025, la difusión de la situación y la falta de una respuesta definitiva del SAT han generado preocupación en el sector.
Tanto Mexicanos Primero como México Evalúa aseguraron mediante sus respectivos comunicados que sus actividades no se han interrumpido. Sin embargo, la falta de claridad sobre los motivos específicos que llevaron a la revocación del estatus, así como la ausencia de un nombre de funcionario o área específica del SAT responsable de la resolución, mantienen a las organizaciones en un limbo administrativo.
La investigación señala que existen datos faltantes cruciales para comprender la magnitud y el procedimiento legal de este caso, incluyendo la lista completa de las más de 100 organizaciones afectadas, el plazo legal exacto para la respuesta del SAT y la fecha precisa de publicación de los comunicados originales. Esta carencia de información oficial dificulta que las entidades puedan planear estrategias jurídicas o de comunicación más contundentes.
El contexto actual es delicado para el tercer sector en México, dado que el estatus de donataria autorizada es fundamental para la captación de recursos tanto de empresas como de individuos que buscan beneficios fiscales. La suspensión de este beneficio podría impactar la liquidez y la capacidad de ejecución de proyectos sociales a mediano plazo si la autoridad no emite una aclaración pronta.
Hasta el momento, no se ha registrado una declaración oficial por parte del SAT que explique los criterios utilizados para la revocación masiva ni los procedimientos de apelación disponibles para las organizaciones. La sociedad civil aguarda que la autoridad fiscal defina su postura para poder regularizar su situación o entender las causales de la medida administrativa.