Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha revocado el estatus de donatarias autorizadas a más de 100 organizaciones de la sociedad civil en México, una medida que ha generado controversia por los criterios utilizados para la cancelación. Entre las entidades afectadas se encuentra el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el cual denunció una contradicción entre los requisitos solicitados y la justificación dada por la autoridad fiscal para su baja.
De acuerdo con la información disponible, al menos 13 organizaciones han sido dadas de baja formalmente, aunque el impacto alcanza a un centenar de grupos que enfrentan la pérdida de este beneficio fiscal. El IMCO, asociación civil fundada en 2003, aseguró haber cumplido puntualmente con sus obligaciones fiscales y con la acreditación de actividades solicitada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).
Sin embargo, el SAT procedió a la revocación del estatus argumentando que la SECIHTI no contaba con las atribuciones legales para acreditar dichas actividades, invalidando con ello el cumplimiento reportado por las organizaciones. Esta discrepancia entre lo solicitado a las entidades y la posterior interpretación de la autoridad tributaria marca el centro del conflicto administrativo que deja en situación de incertidumbre a numerosas entidades sin fines de lucro.
La situación del IMCO ejemplifica el problema reportado por el sector: a pesar de haber presentado una nueva solicitud ante el SAT el pasado 18 de noviembre, la resolución final sigue pendiente o fue negativa bajo el nuevo criterio de la autoridad. La falta de claridad sobre las nuevas disposiciones que exigen acreditar actividades y la fecha exacta de notificación de las revocaciones añaden complejidad al escenario para las organizaciones afectadas.
Este movimiento del SAT ocurre en un contexto donde existen narrativas globales sobre la criminalización o restricción de operaciones de ONGs, aunque en el caso mexicano la disputa se centra en aspectos técnicos de acreditación y competencia entre dependencias gubernamentales. Las más de 100 organizaciones afectadas buscan ahora claridad sobre los procedimientos para recuperar su estatus o entender los nuevos requisitos impuestos por la administración tributaria.