Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó normativas estatales en Durango y Nayarit que establecían sesiones privadas como regla general para los tribunales de justicia y mecanismos de evaluación judicial que contravenían el modelo federal. La resolución se dio mediante acciones de inconstitucionalidad presentadas contra las reformas aprobadas por los congresos de ambos estados.
En el caso de Durango, el Pleno de la SCJN determinó que era inconstitucional la norma que establecía el carácter privado como regla general para las sesiones del pleno del Tribunal Superior de Justicia. Esta disposición fue impugnada por contravenir los principios de transparencia y publicidad que deben regir en la administración de justicia.
Respecto a Nayarit, la Corte invalidó el mecanismo de evaluación de candidaturas a través de un Comité Estatal de Evaluación Único, por considerar que contravenía el modelo federal establecido para la selección de magistrados y jueces. Además, se reconoció una omisión legislativa del Congreso de Nayarit al no incorporar la insaculación y paridad de género en los procesos de designación judicial.
Las acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas en el marco del control constitucional que ejerce la Suprema Corte sobre las leyes estatales. En estos casos participaron como actores el Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes cuestionaron las reformas aprobadas por los legisladores locales.
La resolución de la SCJN establece un precedente sobre los límites que tienen los estados para regular sus sistemas de justicia local, reafirmando que las normativas estatales deben alinearse con los principios constitucionales federales en materia de transparencia, evaluación judicial y paridad de género.
Esta decisión se suma a otras resoluciones recientes de la Corte en materia de control constitucional de leyes estatales, consolidando el criterio de que los sistemas de justicia locales deben operar bajo los mismos estándares de publicidad y evaluación que el sistema federal.