Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La discusión de la reforma electoral conocida como ‘Plan B’ en el Senado de la República atraviesa un momento de estancamiento debido a desacuerdos políticos sobre la fecha de la revocación de mandato y la incertidumbre respecto a la cantidad de votos favorables. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca modificar cuatro artículos constitucionales e incluye propuestas de austeridad como el tope del 0.7% del presupuesto para los congresos locales y la reducción de regidurías municipales.
Existen versiones contradictorias sobre el avance legislativo del dictamen. Mientras el presidente de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, anunció inicialmente que la dictaminación ocurriría este martes 24 de marzo, otras fuentes parlamentarias indican que el proceso ha sido postergado hasta después de la Semana Santa. Este retraso se atribuye principalmente al rechazo del Partido del Trabajo (PT), aliado de la coalición gobernante, respecto a un punto clave de la reforma: la realización de la revocación de mandato presidencial en junio de 2027, coincidiendo con las elecciones legislativas.
El liderazgo de Morena muestra divisiones internas sobre la viabilidad inmediata de la propuesta. Óscar Cantón Zetina, coordinador de Morena en el Senado, aseguró que la fracción cuenta con los votos necesarios en las comisiones para avanzar con el dictamen. En contraste, Ricardo Monreal, otro dirigente de la fuerza política, señaló que la presidenta Sheinbaum es consciente de que actualmente podrían no alcanzar los votos requeridos en el Congreso para aprobar la reforma en el pleno.
La oposición integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) ha solicitado formalmente retirar la iniciativa. Por su parte, siete consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) —Arturo Castillo Loza, Carla Humphrey, Martín Faz, Rita Bell López, Jaime Rivera, Dania Ravel y Claudia Zavala— han emitido un posicionamiento sobre el tema, desmintiendo versiones que atribuían al organismo electoral la autoría o respaldo de un documento específico relacionado con el Plan B.
Alberto Anaya, dirigente del Partido del Trabajo, mantiene su postura crítica respecto a la sincronización de la revocación de mandato con el proceso electoral federal de 2027, argumentando que dicha medida beneficiaría electoralmente a Morena. Esta discrepancia dentro del bloque legislativo oficialista representa el principal obstáculo para desbloquear la discusión en las comisiones y llevar el tema al pleno senatorial.
La reforma contempla además cambios estructurales en la organización municipal mediante la disminución del número de regidores y síndicos, así como límites financieros a los poderes legislativos estatales. Sin embargo, la falta de consenso sobre el calendario de la revocación y las dudas sobre la aritmética parlamentaria han congelado temporalmente el avance de la agenda constitucional en la Cámara Alta.