Tijuana, 24 de marzo de 2026.- A 32 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, el presunto autor material, Mario Aburto Martínez, permanece en reclusión a la espera de una definición legal sobre su sentencia. Mientras militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) realizan homenajes en Baja California, la defensa jurídica de Aburto sostiene que su condena debería haber concluido en 2024 bajo el criterio del Código Penal local.
El caso ha generado un debate jurídico tras un amparo concedido en 2023 por un tribunal federal, el cual anuló la sentencia original de 45 años de prisión al determinar que debió aplicarse la legislación de Baja California vigente al momento del crimen, que establece una pena máxima de 30 años. Bajo este nuevo criterio, Aburto habría completado su pena en 2024, lo que abre la posibilidad de su liberación.
La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, impugnó dicho fallo, llevando el conflicto legal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Hasta este 24 de marzo, no se ha divulgado una resolución definitiva por parte del máximo tribunal ni del Juzgado de Toluca, manteniendo a Aburto en el penal federal de Morelos mientras su situación jurídica sigue pendiente.
Jesús González Schmal, abogado defensor de Mario Aburto, ha argumentado que su cliente fue víctima de tortura durante el proceso original y ha señalado que, de no confirmarse la liberación tras las instancias nacionales, acudirán a organismos internacionales. Por su parte, Bernardo Saldaña Téllez, presidente de la Fundación Colosio, junto con otros militantes priistas como Eva Baeza y Miguel Valadez, participan en las conmemoraciones del aniversario sin que se haya registrado una declaración oficial del partido o del gobierno federal sobre la posible excarcelación del sentenciado.
La hermana del excandidato, Laura Colosio, se mantiene como una figura central en los actos de recordación, mientras la sociedad mexicana observa el desarrollo de este caso que marca más de tres décadas de impunidad percibida y controversia legal. La falta de claridad sobre el estatus del recurso en la SCJN mantiene la incertidumbre sobre si Aburto recuperará su libertad o si la sentencia original será restablecida.