Washington, 25 de marzo de 2026.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos celebró este martes una audiencia clave para determinar el futuro de las políticas de asilo implementadas por la administración de Donald Trump, en un contexto marcado por el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en 14 aeropuertos del país y la ejecución de deportaciones que incluyen a personas protegidas por el programa DACA.
Durante la sesión, los magistrados, incluyendo al presidente John G. Roberts Jr. y a Amy Coney Barrett, escucharon argumentos sobre la legalidad de las restricciones migratorias. Vivek Suri, asistente del fiscal general, participó en la defensa de las medidas ejecutivas, mientras la corte evalúa la inclinación favorable hacia la postura del gobierno reportada durante la audiencia, aunque el resultado final y la votación específica aún no han sido divulgados.
La tensión judicial se refleja en casos concretos en tribunales inferiores. La jueza federal Dena Coggins ordenó el regreso a territorio estadounidense de María de Jesús Estrada Juárez, una migrante protegida por DACA que había sido deportada, evidenciando la contradicción entre las órdenes judiciales de protección y la operativa de deportación de la administración Trump. Otros casos similares involucran a Sebastián Renoj y Mariza Marín.
En el ámbito operativo, la presencia de ICE se ha intensificado en puntos de entrada y comunidades. Mariza Marín, directora del Puerto de San Ysidro de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), emitió comunicados oficiales respecto a los controles en la frontera, mientras asesores del trumpismo como Tom Homan han realizado declaraciones políticas defendiendo el endurecimiento de las medidas.
Ante este escenario, el gobierno de México reportó que, hasta el 18 de marzo de 2026, el programa ‘México te Abraza’ ha atendido a 189,830 connacionales. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha emitido informes oficiales sobre la asistencia brindada a los deportados, aunque existen cuestionamientos en medios sobre la efectividad y transparencia de dichos programas.
La situación migratoria presenta también vacíos de información sobre incidentes específicos. Se menciona una demanda en Minnesota relacionada con tiroteos donde participaron agentes de ICE, pero no se ha divulgado la identidad completa ni los antecedentes de los oficiales involucrados. Asimismo, aunque se confirmó la entrega de dos mexicanos a la Fiscalía General de la República (FGR), solo se han identificado como ‘Silvia N’ y ‘Salvador N’, sin revelar sus nombres completos.
Este conjunto de acciones judiciales, operativas y diplomáticas define el panorama de la crisis migratoria bajo el segundo mandato de Trump, caracterizado por la colisión entre restricciones ejecutivas, litigios federales y respuestas humanitarias transfronterizas.