Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos a más de 100 organizaciones civiles, entre las que se encuentran Mexicanos Primero, el IMCO, México Evalúa, Mexicanos contra la Corrupción y Amnistía Internacional. La decisión, notificada este martes 24 de marzo, ha generado críticas por su impacto en la sociedad civil, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó desconocer el número exacto de entidades afectadas y calificó el acto como una decisión técnica y autónoma de la autoridad fiscal.
De acuerdo con los datos disponibles, la revocación abarca al menos 113 organizaciones, aunque algunas fuentes mencionan una cifra de hasta 270 dentro de un padrón que supera los 10 mil registros. El SAT justifica la medida como un procedimiento técnico-legal derivado del incumplimiento de requisitos por parte de las entidades, citando normativas como la Ley de Ciencia. Sin embargo, la interpretación de este movimiento varía drásticamente entre la autoridad y los actores sociales.
Amnistía Internacional México ha cuestionado la acción, interpretándola no como un mero trámite administrativo, sino como una medida política que debilita a la sociedad civil y se alinea con una tendencia regional de restricciones a estos actores. La organización señala la existencia de una carga administrativa excesiva y requisitos reiterativos que complican la operación de los grupos críticos al gobierno.
En contraste con la postura de las organizaciones afectadas, la presidenta Claudia Sheinbaum minimizó el conocimiento ejecutivo sobre los detalles específicos del caso. Al ser cuestionada, la mandataria declaró no saber cuántas ni cuáles organizaciones fueron desautorizadas, presentando el hecho como una resolución exclusiva del SAT. Sheinbaum recordó el precedente de Mexicanos contra la Corrupción, a la cual se le retiró el permiso en la administración anterior por recibir dinero del extranjero, sugiriendo que existen antecedentes de este tipo de procedimientos.
La controversia se enmarca en un contexto donde se ha señalado una disparidad en los tiempos de respuesta de la autoridad. Mientras organizaciones críticas enfrentan procesos largos o revocaciones, se ha reportado una autorización exprés en dos días a la asociación Humanidad con América Latina A.C., vinculada al expresidente Andrés Manuel López Obrador. No obstante, el SAT no ha ofrecido una explicación oficial que contraste estos plazos ni ha divulgado la lista completa de las entidades afectadas.
La pérdida del estatus de Donataria Autorizada implica que estas organizaciones ya no pueden emitir recibos para que los donantes deduzcan sus aportaciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR), lo cual pone en riesgo su financiamiento y operatividad. A la fecha, no se ha especificado el plazo que se otorgó a las organizaciones para subsanar los supuestos incumplimientos ni se ha publicado el decreto oficial con la relación completa de los nombres.
Este evento marca un nuevo capítulo en la relación entre el gobierno federal y las organizaciones no gubernamentales, destacando la tensión entre la autonomía técnica de las instituciones fiscales y la percepción de un uso político de las herramientas administrativas para limitar el accionar de la sociedad civil crítica.