Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Vivienda con 354 votos a favor y 95 en contra, marcando un avance legislativo en la garantía del derecho a una vivienda adecuada. Simultáneamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reportó la destinación de 32.5 millones de pesos en los últimos años para apoyar proyectos de ciencia e impartición de justicia, aunque enfrenta contradicciones internas respecto a la cancelación de becas y el financiamiento de eventos sindicales.
La sesión plenaria en el Palacio Legislativo de San Lázaro contó con la participación de actores clave como la Comisión de Vivienda, encabezada por Maribel Martínez Ruiz, y la diputada Diana Sánchez Barrios. La iniciativa busca fortalecer el marco jurídico para el acceso a créditos y subsidios, en un contexto donde más del 55% de la población ocupada en México labora en el sector informal, lo que dificulta su integración al sistema financiero tradicional para adquirir un hogar.
En paralelo, el Poder Judicial ha mantenido una agenda activa en materia de apoyo a la investigación. Durante 2024, la SCJN donó 7 millones de pesos a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y 3.4 millones a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Hugo Aguilar Ortiz, presidente del máximo tribunal, ha señalado que, a pesar de las reformas legales existentes, aún no se ha alcanzado la equidad real entre hombres y mujeres en el país, una afirmación que contrasta con los esfuerzos institucionales para integrar la perspectiva de género.
No obstante, surgieron discrepancias sobre la administración de recursos dentro del propio Poder Judicial. Mientras que en 2025 se cancelaron los donativos para becas de la UNAM y la asociación de impartidores de justicia debido a la falta de presupuesto, en ese mismo ejercicio fiscal se destinaron 1.5 millones de pesos al Sindicato del Poder Judicial para la organización de eventos. Entre 2021 y 2024, el monto total destinado a actividades sindicales ascendió a 10.2 millones de pesos, generando debates sobre las prioridades de gasto en la institución.
En el ámbito local, la dinámica de vivienda continúa con proyectos como Viviendas del Bienestar en San Pedro, que contempla la construcción de 2,490 casas. Este esfuerzo se suma a las acciones de gobiernos estatales y alcaldías, como la de La Magdalena Contreras, dirigida por Fernando Mercado Guaida, quienes trabajan en coordinación con organismos como Infonavit, liderado por Octavio Romero Oropeza, y la Confederación de Trabajadores de México (CTM) de Tereso Medina.
La justicia con perspectiva de género también registra avances cuantitativos en ciertas regiones. En Quintana Roo, por ejemplo, 62 de los 117 cargos judiciales son ocupados por mujeres, reflejando una mayor participación femenina en la impartición de justicia. Mónica Soto Fregoso, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), es una de las figuras que impulsa estos cambios en el ámbito federal.
La agenda legislativa y judicial de esta semana evidencia una tensión entre el reconocimiento de derechos sociales y la gestión eficiente de los recursos públicos. Mientras el Congreso avanza en normas para proteger a grupos vulnerables y regular el comercio ambulante, las instituciones judiciales enfrentan el desafío de alinear sus discursos de equidad con una distribución presupuestaria que sea coherente con sus prioridades declaradas de fomento a la ciencia y la justicia social.