Matehuala, 25 de marzo de 2026.- El gobierno de San Luis Potosí confirmó la detención de un funcionario de seguridad del municipio de Matehuala por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad de siete electricistas que habían sido reportados como desaparecidos y que recientemente fueron localizados con vida. Las fuentes oficiales indican que la aprehensión forma parte de las investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos en la región del Altiplano potosino, aunque existen discrepancias en los reportes sobre la identidad exacta y el cargo específico del detenido.
De acuerdo con la información disponible, las autoridades señalan al detenido como un mando de la corporación municipal. Mientras que algunas fuentes lo identifican como Jorge Eduardo Peña, quien se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública, otras reportes mencionan a un Jorge Eduardo ‘N’ o hacen referencia a un comandante de la Policía Municipal. La investigación no ha resuelto definitivamente si se trata de la misma persona con diferentes cargos reportados o de funcionarios distintos, por lo que las autoridades se han limitado a confirmar la captura de un elemento clave dentro de la estructura de seguridad local.
Las siete víctimas, trabajadores del sector eléctrico originarios de Cárdenas, habían perdido comunicación con sus familias el 21 de marzo mientras se desplazaban por la carretera Matehuala-Cárdenas para realizar labores de instalación. Su desaparición activó operativos de búsqueda en los que participaron cientos de elementos de seguridad. Tras ser ubicados con vida, los electricistas fueron trasladados ante la Fiscalía de San Luis Potosí para rendir declaración y posteriormente reunirse con sus familiares.
Las indagatorias apuntan a que los trabajadores podrían haber sido interceptados con la intención de ser reclutados de manera forzada por una organización criminal, según testimonios de los propios afectados quienes expresaron temor por su integridad durante el tiempo que permanecieron privados de la libertad. Asimismo, se maneja la hipótesis de que el secuestro pudo haber sido ordenado para presionar a un contratista ante la negativa de pago de cuotas exigidas por grupos delictivos o funcionarios corruptos.
El caso ha generado alerta sobre la posible infiltración del crimen en las corporaciones de seguridad municipal, evidenciando riesgos de colusión que erosionan la confianza ciudadana. El gobierno estatal indicó que el caso continúa en desarrollo y no se descartan más detenciones, mientras la Fiscalía avanza en la integración de la carpeta de investigación para determinar las responsabilidades precisas de los servidores públicos implicados.
Este evento se suma a un contexto de crisis en la seguridad de la región, donde la participación de autoridades locales en actividades ilícitas representa un desafío para el estado de derecho. Las autoridades continúan con las acciones para deslindar responsabilidades dentro de las instituciones y garantizar que los hechos no queden impunes.