Mexicali, 25 de marzo de 2026.- Un juez de control, Gerardo Anguiano Ceja, vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por su presunta responsabilidad en la firma del contrato con la empresa Next Energy. La audiencia, que inició el 23 de marzo a las 09:23 horas y se extendió hasta este día, concluyó con la determinación judicial que someterá al exfuncionario a un proceso penal por los delitos de abuso de autoridad y uso ilícito de facultades.
La investigación se centra en un contrato plurianual por 4,500 millones de pesos, firmado a 30 años, para la construcción de una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali destinada a dotar de energía al acueducto Río Colorado-Tijuana. Según los datos del caso, el acuerdo contemplaba un pago inicial de 123 millones de pesos, con mensualidades de similar monto. La planta, objeto del contrato, nunca fue construida.
Durante la audiencia, la defensa legal de Bonilla, integrada por los abogados Humberto Velazco e Hiram Sánchez, argumentó que los pagos realizados a la empresa ocurrieron después de que el exgobernador dejó la administración en octubre de 2021, específicamente entre el 20 de enero y el 11 de febrero de 2022. Los defensores sostuvieron que el delito de uso ilícito de facultades no era aplicable, ya que el proyecto se trató de un contrato para la adquisición de un servicio y no de un crédito fiscal, buscando con ello desvirtuar la acusación de que se cometió un abuso durante su mandato.
El juez de control fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía General del Estado deberá recabar elementos para sustentar la acusación formal. Esta decisión judicial marca un precedente al convertir a Bonilla en el primer exgobernador surgido de Morena que enfrenta una acusación abierta de corrupción, en medio de un conflicto político latente con la actual gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila.
La vinculación a proceso implica que Jaime Bonilla Valdez queda sujeto a las restricciones legales del sistema penal mientras se desarrolla la siguiente fase del caso. La atención pública se mantiene en el desarrollo de las investigaciones sobre el destino de los recursos públicos autorizados bajo el contrato con Next Energy y las responsabilidades que deriven de la no ejecución de la obra energética.