Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general, el 25 de marzo de 2026, la reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece un tope a las jubilaciones y pensiones de ex trabajadores de confianza de organismos y empresas públicas, con aplicación retroactiva.
La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, avanzó entre protestas de jubilados de empresas públicas que intentaron ingresar por la fuerza al Palacio Legislativo de San Lázaro, según reportes de medios presentes en la sesión.
De acuerdo con el texto aprobado, el tope de pensión se fija en la mitad de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo federal, lo que representa aproximadamente 70,000 pesos mensuales. La reforma excluye explícitamente de este límite a las Fuerzas Armadas, las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro, las constituidas con aportaciones sindicales y las pensiones no contributivas.
Existen versiones contradictorias sobre el resultado de la votación. Mientras una fuente reporta 458 votos a favor en lo general, otra registra 363 votos a favor, 64 en contra y 20 abstenciones. El coordinador del PRI, Rubén Moreira, dijo que pese a la inconformidad de su bancada votarían a favor, pero advirtió riesgos de retroactividad y omisiones relevantes en el dictamen. “Nosotros estamos en contra de las pensiones doradas, pero Morena no está haciendo nada eficaz para eliminarlas”, señaló.
La diputada Margarita Zavala sostuvo que la reforma viola el derecho humano a la no retroactividad consagrado en el artículo 14 constitucional. Señaló que los senadores emitieron su voto con información imprecisa o falsa sobre el alcance de la medida.
La reforma incorpora lenguaje inclusivo en el decreto y afecta a ex trabajadores de confianza de entidades como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Banobras y Luz y Fuerza del Centro. El debate se desarrolló con advertencias de la oposición por el posible efecto retroactivo de la medida sobre pensionistas actuales.
Tras la aprobación en la Cámara de Diputados, la reforma deberá ser discutida y validada por el Senado de la República para completar el proceso de modificación constitucional. Las consecuencias legales inmediatas para los pensionistas actuales dependerán de la publicación final del decreto en el Diario Oficial de la Federación.