Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves una reforma legal que permite la inversión de recursos de las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) en proyectos de infraestructura pública estratégica, con énfasis en los sectores de hidrocarburos y electricidad. La votación en lo general registró 359 votos a favor, 80 en contra y cero abstenciones, mientras que en lo particular la medida contó con 315 apoyos, 89 rechazos y ninguna abstención.
La Comisión de Hacienda, encabezada por la diputada Carol Antonio Altamirano de Morena, fue la responsable de dictaminar la iniciativa que busca fomentar la participación pública, privada y social en obras consideradas vitales para la nación. Según el texto aprobado, los proyectos deberán sujetarse estrictamente a la Constitución, la Ley de Presupuesto y el Presupuesto de Egresos de la Federación, estableciendo un artículo transitorio para garantizar la disciplina fiscal en el manejo de estos capitales.
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar participó en el proceso legislativo que derivó en esta aprobación, la cual tiene como objetivo declarado fortalecer la soberanía nacional mediante el financiamiento de activos productivos en el sector energético. La legislación establece los lineamientos generales para canalizar el ahorro de los trabajadores hacia inversiones de largo plazo en infraestructura crítica, aunque los detalles operativos específicos sobre mecanismos de garantía y protección de fondos no fueron detallados en el resumen de la sesión.
Tras su aprobación en la cámara baja, el dictamen fue turnado inmediatamente al Senado de la República para su revisión constitucional y eventual validación definitiva. Este trámite es obligatorio para que la reforma pueda ser publicada en el Diario Oficial de la Federación y entrar en vigor.
La modificación legislativa representa un cambio significativo en el esquema de inversión del sistema de pensiones mexicano, alineando los recursos de los fondos de retiro con los planes de desarrollo de infraestructura del gobierno federal. Ahora, la discusión se traslada a la Cámara de Senadores, donde se analizará la viabilidad jurídica y económica de la propuesta antes de su posible implementación.