Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, la cual será enviada al Senado de la República para su discusión y aprobación. La propuesta establece una penalidad de 40 a 70 años de prisión para este delito y busca erradicar la impunidad mediante la homologación de criterios en todas las fiscalías del país.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal señaló que el objetivo es que ninguna mujer muera en manos de nadie por el solo hecho de ser mujer y que nunca más un feminicidio sea catalogado como suicidio. La iniciativa requiere una reforma al artículo 73 constitucional para facultar al Congreso de la Unión a expedir esta normativa de carácter general.
Ernestina Godoy detalló que el tipo penal de feminicidio se configura cuando se priva de la vida a una mujer por razones de género. La propuesta reconoce nueve razones de género, entre ellas signos de violencia sexual, antecedentes de violencias, delito motivado por estereotipos o prejuicios y la existencia de relaciones de poder.
La iniciativa contempla 21 agravantes para el delito, incluyendo casos donde la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor o que viva con alguna discapacidad. También se considera agravante que el crimen se cometa frente a hijas o hijos, o que la víctima sea miembro de pueblos originarios o afrodescendientes.
Entre los cambios sustantivos destaca que el Ministerio Público estará obligado a investigar de inicio cualquier muerte violenta de una mujer como feminicidio. Se implementará el turno continuado para garantizar la investigación ininterrumpida y se incorporará de manera obligatoria la perspectiva de género en cada etapa del proceso.
La ley establece que el feminicidio se perseguirá de oficio y que el delito, su sanción y la reparación del daño serán imprescriptibles. No proceden los criterios de oportunidad, conmutación de pena, libertad condicionada ni amnistías. Además, se sanciona la tentativa con pena de prisión de entre la mitad y las dos terceras partes de la pena principal.
Ingrid Gómez, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, subrayó que el feminicidio trasciende a la víctima directa y también cambia la vida de las personas de su círculo cercano, sobre todo de sus hijas e hijos. La propuesta articula derechos para víctimas directas e indirectas, incluida atención médica, psicológica y asistencia jurídica gratuita.
La iniciativa plantea la creación de un registro nacional de orfandad para hijos de las víctimas y establece que el responsable perderá la patria potestad, tutela y derechos sucesorios respecto a las víctimas. Todos los estados del país deberán modificar sus leyes para asumir esta Ley General una vez que sea aprobada por el Congreso.