Torreón, 27 de marzo de 2026.- Víctimas de un presunto fraude inmobiliario conocido como el ‘Cártel Inmobiliario’ se manifestaron y bloquearon parcialmente la circulación en las inmediaciones de la Delegación Laguna I de la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir celeridad y justicia. Mientras los afectados denuncian tortuguismo en las investigaciones, la autoridad estatal reportó la existencia de 60 denuncias formales, 12 órdenes de aprehensión giradas y la detención de al menos dos mujeres vinculadas al caso.
El delegado regional de la FGE, Carlos Rangel, informó que se ha establecido una estrategia de atención directa con más de 20 sesiones de trabajo, tanto colectivas como individuales, desde que se tuvo conocimiento del hecho hace aproximadamente un año. El funcionario detalló que el daño patrimonial reportado por el grupo inicial de 27 afectados asciende a cerca de 19 millones de pesos y confirmó que la mayoría de las carpetas de investigación ya están integradas y judicializadas.
No obstante, existe una discrepancia significativa entre la versión oficial y los testimonios de las víctimas. Alfonso Serrano, uno de los afectados, acusó al fiscal general Federico Fernández Montaño de negarles atención adecuada, citarlos a horas tempranas para atenderlos hasta la noche y no responder a las llamadas realizadas a un número personal proporcionado. Serrano sostuvo que las órdenes de aprehensión carecen de utilidad si no se ejecutan efectivamente.
De acuerdo con información del portal El Siglo de Torreón, las víctimas señalan que solo dos casos han sido judicializados de las 60 denuncias presentadas. En dichos reportes se indica que uno de los principales actores, el exnotario Fernando Nicolás Muñoz Sanjuan, habría huido a España, mientras que otro implicado ha sido detenido y liberado en tres ocasiones. La Fiscalía mantiene abiertas las puertas para recibir nuevas denuncias ante la posibilidad de más víctimas.
En cuanto a los detenidos, el delegado Rangel precisó que hay dos mujeres bajo custodia y una más que fue reaprehendida recientemente. Esta última había logrado libertad previa tras alcanzar un acuerdo reparatorio avalado por la víctima, mecanismo que la autoridad defendió como legal cuando la parte afectada acepta la reparación del daño. Sin embargo, el titular de la delegación reconoció que aún falta la localización de dos personas señaladas que cuentan con órdenes de aprehensión y han promovido amparos para evitar su captura.
La tensión entre las partes persiste a pesar de que la Fiscalía asegura mantener comunicación constante mediante grupos de mensajería donde participan autoridades y afectados. Rangel subrayó que la ley se aplicará parejo para acreditar responsabilidades, aunque aclaró que es necesario avanzar en los procesos judiciales en curso para determinar alcances adicionales. Por su parte, los manifestantes continúan demandando soluciones concretas y el castigo para todos los responsables del esquema fraudulento.