Ecatepec, 27 de marzo de 2026.- Entre el 13 y el 20 de marzo, autoridades del Estado de México realizaron operativos de inspección que derivaron en la clausura o aseguramiento de 53 centros de rehabilitación para adicciones, conocidos como anexos, ubicados principalmente en los municipios de Ecatepec y Naucalpan. La acción forma parte de la Estrategia Integral para la Regularización de Centros de Rehabilitación instruida por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, tras detectarse irregularidades legales y sanitarias en los inmuebles.
Durante las visitas verificatorias, elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), así como autoridades sanitarias y de protección civil, inspeccionaron un total de 94 establecimientos. De este universo, 29 centros fueron cerrados en Ecatepec y 24 en Naucalpan. En dichos lugares se localizó a mil 599 personas, de las cuales mil 518 fueron reintegradas con sus familias, mientras que 80 requirieron traslado a instituciones certificadas para continuar su tratamiento y una más fue externada de manera voluntaria.
La intervención permitió la detención de ocho trabajadores de estos centros. Según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, los anexos clausurados presentaban posibles vínculos con delitos graves como la privación ilegal de la libertad, violencia física y psicológica contra los internos. Las investigaciones preliminares señalan que algunos de estos inmuebles funcionaban como refugio para grupos delictivos o puntos de venta de drogas, llegando a obligar a las personas recluidas a participar en actividades ilícitas.
Las condiciones encontradas en los sitios asegurados incluían hacinamiento, insalubridad, almacenamiento de alimentos en mal estado y carencia de personal capacitado para atender a los pacientes. La coordinación de los operativos se llevó a cabo a través de la Mesa de Paz, involucrando la participación conjunta de la Coprisem, la Comisión de Búsqueda de Personas, el DIF estatal y los tres niveles de gobierno bajo la estrategia estatal para la prevención y el adecuado tratamiento de las adicciones.
Con estas acciones, el gobierno estatal busca eliminar los centros que operan al margen de la ley y poner alto a las violaciones a los derechos humanos reportadas en estos espacios. Las autoridades continúan con las carpetas de investigación abiertas para determinar la responsabilidad penal de los detenidos y verificar la posible existencia de más sitios operando bajo esquemas similares en la región metropolitana.