Coatzacoalcos, 27 de marzo de 2026.- Un grupo interinstitucional integrado por Semar, Semarnat, Sener, ASEA, Pemex y Profepa mantiene operaciones de contingencia en el litoral del Golfo de México tras detectarse un derrame de hidrocarburos que ha requerido la intervención de más de 223 kilómetros de playas y la remoción de más de 430 toneladas de contaminantes.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que hubo un derrame original proveniente de un barco, aunque señaló que existen otras manchas en el Golfo cuyas fuentes están siendo investigadas por las autoridades competentes. El gobierno federal identificó tres fuentes de emanación del contaminante: un presunto vertimiento ilegal de un buque y dos chapopoteras naturales ubicadas en la zona.
Según el informe oficial de la Semar, se mantiene un despliegue coordinado en puntos estratégicos del litoral con más de 2,450 elementos trabajando en las labores de contención y limpieza. Las autoridades mencionaron que el derrame original fue identificado con embarcaciones en la zona de fondeo de Coatzacoalcos y también se hace referencia al Complejo Cantarell como área involucrada.
Organizaciones ambientalistas como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Conexiones Climáticas y CartoCrítica presentaron una versión distinta sobre el incidente. En un comunicado conjunto, señalaron que imágenes satelitales evidencian conocimiento temprano de la contingencia, contención insuficiente y opacidad oficial por parte de las autoridades.
Las ONGs reportan una extensión de 630 kilómetros de litoral afectado y una mancha de 50 kilómetros cuadrados, cifras significativamente mayores a las reportadas oficialmente. Además, acusaron que no hubo información pública oportuna sobre la magnitud del derrame, sus riesgos ni las medidas de respuesta implementadas por el gobierno federal.
Existe una discrepancia temporal entre la narrativa oficial y la de las organizaciones civiles. Mientras el gobierno reporta acciones desde la detección el 3 de marzo, las organizaciones acusan conocimiento oficial desde febrero y señalan falta de transparencia en la difusión de información a la población durante ese periodo.
La contingencia ambiental continúa bajo monitoreo de múltiples dependencias federales y autoridades estatales, mientras persisten las diferencias sobre el origen exacto del vertimiento y la cronología real de los eventos que derivaron en esta emergencia ecológica en el Golfo de México.