Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional para establecer un tope a las pensiones del personal de confianza en el sector público, una medida impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum que busca eliminar las llamadas “pensiones doradas”. El dictamen, que modifica el artículo 127 de la Constitución, fue avalado por unanimidad con 458 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, tras haber sido aprobado previamente en el Senado con 109 votos a favor y seis abstenciones.
De acuerdo con lo establecido en la iniciativa, las jubilaciones de los trabajadores de confianza en organismos descentralizados, empresas productivas del Estado y sociedades nacionales de crédito no podrán exceder la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo federal. Este techo representa un monto aproximado de 70,000 pesos mensuales. La reforma contempla excepciones específicas para las Fuerzas Armadas, así como para las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias en cuentas individuales y de aportaciones sindicales en sistemas complementarios.
Durante el proceso legislativo, se registraron manifestaciones de grupos de jubilados y pensionados tanto en los accesos del Palacio Legislativo en la Ciudad de México como frente al Congreso local en Baja California. Los involucrados expresaron su inconformidad ante la posibilidad de que la medida tenga efectos retroactivos, afectando derechos adquiridos. Entre los participantes en las protestas se identificó a Victoria Bentley, lideresa de Unidos en la Defensa de ISSSTECALI, quien ha voiced la preocupación del sector.
En el debate parlamentario, legisladores de Morena defendieron la reforma como un mecanismo para corregir desigualdades y frenar privilegios obtenidos mediante compadrazgos o favores políticos. Por su parte, representantes del PRI, incluido su coordinador Rubén Moreira, anunciaron su voto a favor del dictamen aunque mantuvieron críticas sobre omisiones en la propuesta y advirtieron sobre los riesgos jurídicos de una aplicación retroactiva. La postura oficialista argumenta que el cambio es necesario para sanear las finanzas públicas y garantizar la equidad entre los pensionados del país.
Con la aprobación en ambas cámaras del Congreso de la Unión, la reforma constitucional requiere ahora ser ratificada por al menos 17 congresos locales para entrar en vigor. Una vez completado este proceso, el decreto será publicado en el Diario Oficial de la Federación. El gobierno federal estima que esta medida generará un ahorro significativo para el erario, al tiempo que enfrenta el desafío de implementar los cambios sin vulnerar la certeza jurídica de los trabajadores que ya se encuentran en situación de retiro.