Ciudad de Mexico, 28 de marzo de 2026.- Una investigación periodística internacional ha puesto en duda la narrativa oficial del gobierno de Ecuador y de Estados Unidos respecto a un bombardeo realizado a principios de marzo de 2026, el cual fue presentado como un golpe exitoso contra un campamento de narcotraficantes. Reportes de medios como The New York Times y France 24, basados en visitas al sitio y entrevistas con testigos, indican que el objetivo destruido fue en realidad una finca ganadera y de producción de leche, ubicada en una zona rural del país sudamericano.
La discrepancia entre la versión gubernamental y los hechos reportados en el terreno es significativa. Mientras autoridades de ambos países celebraron la operación como parte de una nueva alianza militar contra el narcotráfico, asegurando que se eliminó un centro de entrenamiento para aproximadamente 50 criminales, los residentes locales y los propietarios de la tierra sostienen que se trataba de una propiedad productiva legítima sin vínculos con actividades ilícitas. El Pentágono afirmó haber ejecutado una acción selectiva a petición de Quito, aunque fuentes con conocimiento de la operación señalaron que soldados estadounidenses no participaron directamente en el ataque mostrado en los videos difundidos.
Los testimonios recopilados describen una secuencia de eventos violentos previos a la destrucción aérea. Trabajadores de la finca relataron que efectivos del ejército ecuatoriano llegaron al lugar en helicóptero días antes del bombardeo principal. Según las denuncias, los militares interrogaron al personal, golpearon a varios de ellos con culatas de armas y procedieron a rociar con gasolina refugios y cobertizos para incendiarlos posteriormente.
Las acusaciones de violaciones a los derechos humanos se profundizan con los relatos de los detenidos. La abogada Lina Maria Espinosa denunció que sus clientes fueron sometidos a torturas, incluyendo asfixia por ahogamiento y aplicación de descargas eléctricas. Gilson Vargas, uno de los involucrados, fue arrestado durante la incursión. Estos hechos contrastan con la descripción del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien calificó a los objetivos como parte de una red ilícita y criminal, sin ofrecer pruebas públicas que desmintieran la naturaleza civil de la granja.
El contexto de esta operación se enmarca en la denominada ‘Operación Exterminación Total’, una escalada militar anunciada por funcionarios estadounidenses como Joseph M. Humire ante el Comité de Servicios Armados, quien declaró que los ataques contra cárteles en América Latina eran ‘sólo el comienzo’. Por su parte, el funcionario Francis Donovan comentó que los ataques contra embarcaciones ‘no eran la respuesta’, planteando la expansión de la campaña hacia objetivos terrestres, estrategia que ahora enfrenta cuestionamientos por el daño a población civil.
La contradicción entre los informes oficiales y la evidencia recabada por la prensa internacional ha generado un escenario de tensión diplomática y social. A pesar de que el gobierno ecuatoriano insistió en contar con apoyo estadounidense para neutralizar la amenaza narco, la destrucción de infraestructura agrícola y las denuncias de maltrato a trabajadores colombianos y ecuatorianos ponen en entredicho la inteligencia utilizada para autorizar el ataque. Hasta el momento, no se ha emitido una rectificación oficial por parte del Pentágono o de la presidencia de Ecuador sobre el error en la identificación del objetivo.
Este incidente resalta los riesgos de las operaciones militares conjuntas en la región y la falta de mecanismos claros de verificación post-ataque. Mientras la ‘Operación Exterminación Total’ continúa su curso, las voces de los afectados en la zona rural exigen justicia por la pérdida de sus medios de vida y por los abusos físicos sufridos a manos de las fuerzas del estado, en un evento que pasó de ser celebrado como un triunfo antinarco a ser investigado como un posible atropello contra civiles.