Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó la reforma electoral conocida como Plan B, descartando la modificación que permitiría adelantar la consulta de revocación de mandato a las elecciones intermedias de 2027. La decisión se tomó tras excluir del dictamen los cambios propuestos al artículo 35 constitucional, pieza central de la iniciativa original presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
En redes sociales, Morena celebró el aval legislativo calificándolo como un triunfo del pueblo de México, mientras que el PAN y el PRI consideraron un logro de la oposición que la enmienda avanzara sin los cambios relacionados con el proceso de revocación. Michel González, secretaria general del PAN, declaró que México ganó al eliminarse el intento de convertir dicho mecanismo en una herramienta al servicio del poder.
Por su parte, el Partido del Trabajo (PT) replicó un mensaje de apoyo a la presidenta tras la votación. La reforma aprobada se enfoca en medidas de ahorro presupuestal para congresos locales, ayuntamientos y el Senado, así como en la regulación de remuneraciones de funcionarios electorales.
Previo a la aprobación, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó datos sobre el costo operativo de los procesos comiciales. Según el documento enviado al Senado, el organismo pagó 2,419 millones de pesos en concepto de bono electoral a sus trabajadores en los tres últimos procesos. Esta cifra incluye 449.2 millones en 2022, 964.9 millones en 2024 y 1,005 millones en 2025.
El INE argumentó en su exposición que eliminar el bono electoral podría resultar más costoso para las finanzas públicas debido al incremento en el pago de horas extras. Consejeros del instituto como Martín Faz y Carla Humphrey estuvieron presentes en el contexto de las discusiones sobre la materia electoral.
Con esta determinación, la minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para continuar su trámite legislativo. La exclusión del adelanto de la revocación de mandato marca el cierre de este episodio de la reforma política impulsada desde el ejecutivo federal en el primer año y medio de gobierno.