La Paz, 28 de marzo de 2026.- La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur vinculó a proceso a Fernanda Villarreal González, exdirectora del Instituto de la Vivienda (INVI) de la entidad, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La dependencia estatal detectó una red de corrupción que involucra transferencias bancarias por un monto total de 54 millones 876 mil 222 pesos, presumiblemente desviados de las cuentas de la institución.
De acuerdo con las indagatorias en materia de inteligencia patrimonial y financiera, se identificaron aproximadamente 3 mil 591 operaciones en el sistema financiero mexicano realizadas por integrantes de esta red. A Villarreal González se le imputa específicamente haber dispuesto de 762 mil pesos para uso personal durante su gestión. Las investigaciones señalan a la exfuncionaria como operadora de Adán Augusto López Hernández durante el proceso interno de Morena entre 2022 y 2023.
En este mismo esquema de corrupción han sido detenidos Javier Ramírez Manjarrez, exjefe de contabilidad del INVI, quien lleva más de dos años internado en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de La Paz sin sentencia por peculado; así como Edy Hassan, socio del excontador, y Juan Antonio de Jesús Ramírez, hermano de Javier. Por su parte, Juan Manuel Reyes Cervantes, exadministrador del instituto, también fue llamado a cuentas junto a Villarreal por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Reportes periodísticos indican que existe una discrepancia respecto a la tipificación de los delitos, pues fuentes de la Contraloría Estatal sugieren que Villarreal y Reyes debieron ser acusados por peculado, advirtiendo que el cargo actual podría ser desechado. Asimismo, se señala que Benjamín García Meza, quien asumió la dirección general del INVI el 2 de octubre de 2023, estuvo relacionado con el desfalco al haber autorizado transferencias mientras la cuenta se vaciaba, aunque su responsabilidad legal exacta no ha sido aclarada oficialmente.
El caso pone bajo escrutinio el manejo de recursos públicos destinados a programas de vivienda en Baja California Sur y revela una presunta trama de financiamiento político irregular. La Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas las investigaciones para determinar el alcance total del daño patrimonial y la participación de otros actores en el blanqueo de capitales, mientras el proceso judicial contra la exdirectora continúa.