Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informó que en México existen 132 mil 534 registros de personas desaparecidas, de los cuales 36 por ciento, equivalente a 46 mil 724 casos, no cuenta con información suficiente para facilitar su búsqueda. La titular del organismo, Marcela Figueroa Franco, presentó estos datos durante la conferencia matutina del viernes 27 de marzo, con base en información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y la Base Nacional de Carpetas de Investigación.
Según el desglose proporcionado por el SESNSP, de los casos con deficiencias informativas, muchos carecen de datos básicos como nombre, sexo, fecha de nacimiento o lugar de desaparición. La funcionaria señaló que la falta de información en algunos reportes responde a que, antes de la reforma en materia de desaparición de 2025, no se exigían datos mínimos para integrar los registros. Además, se identificó que 40 mil 308 casos presentan actividad posterior a la fecha de desaparición en registros administrativos, mientras que 43 mil 128 cuentan con datos completos pero sin indicios de localización.
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó que las reformas en el marco legal y las acciones para combatir este delito han permitido la aprehensión de 286 presuntos delincuentes relacionados con la desaparición de personas. Asimismo, se han dado de baja 547 cuentas de redes sociales utilizadas por el crimen organizado para contactar jóvenes, mientras otras 725 cuentas más se encuentran bajo investigación. Rodríguez explicó que ahora, al reportar una desaparición ante la Comisión Nacional de Búsqueda, se emite una alerta distribuida de forma masiva e instantánea a fiscalías, comisiones locales de búsqueda, Guardia Nacional, policías y puntos estratégicos como aeropuertos y terminales de autobuses.
Familiares de personas desaparecidas expresaron que existe esperanza de avanzar en esta problemática, especialmente a partir de la revisión de expedientes para afinar datos y la obligatoria apertura de carpetas de investigación. Adela Alvarado, consejera nacional del Sistema Nacional de Búsqueda e integrante de la Fundación Mónica Alejandrina por los Derechos Humanos, comentó que muchos informes son incompletos y algunas denuncias no fueron tomadas correctamente en el pasado, por lo que clarificar la información es una base fundamental para avanzar en los casos pendientes.
El informe se presenta en un contexto de implementación de nuevas herramientas como la Alerta Nacional de Búsqueda y la Plataforma Única de Identidad, derivadas de las reformas legales de 2025. Las autoridades enfatizaron que estas medidas buscan fincar responsabilidades a los funcionarios públicos y mejorar la eficacia en la localización de víctimas mediante la homologación de criterios a nivel nacional.