Los Ángeles, 31 de marzo de 2026.- El Gobierno de México anunció una ofensiva legal y diplomática para exigir explicaciones a Estados Unidos sobre las condiciones en los centros de detención migratoria, tras confirmarse la muerte de 14 connacionales bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su administración agotará todas las vías para exhibir lo que calificó como una crisis de derechos humanos, luego del fallecimiento más reciente de un mexicano el pasado 25 de marzo.
Como parte de esta estrategia, la Cancillería mexicana se sumará como amicus curiae en la demanda colectiva L.T. Mesrobian, presentada por la organización Public Counsel en Los Ángeles contra el centro de detención de Adelanto, California. La figura jurídica permitirá a México intervenir en el caso para aportar argumentos sobre condiciones que considera violatorias, incluyendo aislamiento punitivo, atención médica y de salud mental limitada, así como deficiencias en alimentación y servicios básicos. En este recinto, gestionado por la empresa privada GEO Group pero bajo responsabilidad jurídica del ICE, se han registrado al menos tres fallecimientos recientes, incluido el de José Ramos-Solano.
La mandataria anunció que también se llevará la situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se solicitará una audiencia temática para exponer las presuntas violaciones, particularmente por la “deficiente atención médica”. “Se presentará una audiencia temática en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre personas fallecidas en centros de detención, de la demanda, vamos a dar todos los datos”, declaró Sheinbaum. Será la primera vez que el país presenta un caso de esta naturaleza ante el organismo internacional.
La ofensiva diplomática incluye el envío de cartas de protesta a legisladores federales de Estados Unidos, al fiscal de California, Rob Bonta, y al gobernador Gavin Newsom, exigiendo investigaciones exhaustivas. Además, la presidenta del Senado en México, Laura Itzel Castillo, propondría enviar una misiva a su contraparte estadounidense. Vanessa Calva Ruiz, directora general de Protección Consular, calificó la tendencia de muertes como “inaceptable” para la protección de los mexicanos en el exterior, señalando que existe un nulo flujo de información sobre la situación de los detenidos, el 50% de los cuales son connacionales con más de 10 años de residencia en ese país.
Funcionarios mexicanos sostendrán reuniones en Los Ángeles con familiares de las víctimas y organizaciones como la Coalición de los Derechos Humanos de los Inmigrantes para detonar apoyo comunitario. Por su parte, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, abordará el tema con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson. Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. ha rechazado las acusaciones, afirmando que los estándares son adecuados y que en los casos específicos se brindó atención médica y maniobras de reanimación.
Entre junio de 2025 y marzo de 2026, mil 809 mexicanos fueron recluidos únicamente en el centro de detención de Adelanto, donde la zona rural complica la ayuda consular. De las 14 muertes registradas en total durante este periodo, cinco ocurrieron en California, tres en Georgia, dos en Arizona, y una respectivamente en Texas, Florida y Missouri, además de otra en una entidad no detallada. El último caso notificado fue atendido por el consulado en San Bernardino, tras trasladar al detenido a un hospital en Victorville, donde falleció sin que se haya determinado oficialmente la causa de muerte.