Washington D.C., 02 de abril de 2026.- A un año del anuncio de aranceles generalizados del 10% y de hasta el 50% realizado por Donald Trump el 2 de abril de 2025, el panorama comercial de Estados Unidos muestra resultados contrarios a los esperados. Aunque Washington ha recaudado unos 264.000 millones de dólares con las tarifas, no ha logrado reducir el déficit comercial, y el Supremo ha declarado ilegales los mal llamados aranceles recíprocos.
El presidente Trump justificó inicialmente el giro comercial afirmando: “Nuestro país ha sido saqueado, expoliado, violado y robado”. Sin embargo, los aranceles no han servido para disparar la apertura de fábricas ni atraer más inversión extranjera. La economía estadounidense registra un crecimiento más débil, con un 2,1% el año pasado, frente al 2,8% de 2024.
Mientras tanto, la dinámica global se ha reconfigurado sin beneficiar a la estrategia estadounidense. Estados Unidos compra menos productos a China, pero Pekín no vende menos porque ha encontrado otros mercados. Por otro lado, la UE ha firmado el acuerdo comercial con parte de América Latina, el Mercosur, que llevaba décadas atascado.
En paralelo a la revisión de la política arancelaria, la tensión con México ha aumentado debido a conflictos en el sector energético. La Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) señala en un informe que México obstaculiza la participación de las empresas estadounidenses en este sector. El documento indica que las últimas reformas legales en México dan prioridad a las empresas estatales Pemex y CFE, impidiendo la inversión de las firmas estadounidenses.
Según el reporte de la USTR: “Las empresas privadas que operan en México a menudo no pueden participar de manera efectiva, o incluso no participar en absoluto, en el sector energético mexicano debido a las frecuentes demoras, los rechazos inexplicables o injustificados y la inacción respecto a las solicitudes de nuevos permisos o modificaciones de los existentes”.
La normativa mexicana actual impone nuevas restricciones a los permisos de combustible, reduce la vigencia de los permisos de importación de 20 a 5 años y la de los permisos de comercialización de 30 a 2 años. Estos cambios normativos no se aplican a Pemex. Esta situación marca un contraste con 2014, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando se abrió el sector energético a la inversión privada, y con 2018, cuando con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, la política energética dio un giro de 180 grados para centrarse en las actividades estatales.
Al momento del anuncio original de los aranceles en 2025, voces como la de Brian Pannebecke, un trabajador jubilado del sector de la automoción, apoyaron las medidas desde la rosaleda de la Casa Blanca. “Apoyamos al 100% las políticas arancelarias del presidente”, declaró entonces, añadiendo: “Le estamos profundamente agradecidos y en seis meses o un año empezaremos a ver los beneficios”.