Ciudad De México, 07 de abril de 2026.- Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, rechazó las descalificaciones del Gobierno de México sobre su último informe. Ante la postura federal que calificó el documento de ‘tendencioso’ y sesgado, Albán señaló que “el desacuerdo es legítimo, pero la descalificación es cuestionable”.
El funcionario internacional refutó la afirmación del gobierno mexicano de que la resolución se basa solamente en casos anteriores a 2017. Albán aclaró que el análisis examina la evolución de la situación hasta la actualidad. El Comité considera que el número de personas desaparecidas registradas, más de 132,400 al 19 de febrero de 2026, y su constante aumento son en sí mismos indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional, “sin que se vislumbre una tendencia inversa”.
Por su parte, Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, criticó el rechazo del gobierno federal al informe. La legisladora advirtió que “México no puede convertirse en referente internacional en desapariciones” y alertó sobre indicios de que estos actos se cometen como crímenes de lesa humanidad al ocurrir de forma sistemática.
López Rabadán detalló la crisis forense en el país: “hay 72 mil restos humanos sin identificar, 20 mil más desde que cuando vino el Comité en 2021 y se han encontrado más de 4 mil 500 fosas clandestinas”. La diputada afirmó que el informe de la ONU representa una oportunidad para no ignorar la cifra de desaparecidos y pidió que el país reciba “cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en esta materia”.
“Se tiene que hacer algo, se debe éticamente hacer algo, no entrar en una discusión con la ONU, al contrario decirle a la ONU analizar la crisis de desaparecidos”, manifestó López Rabadán, quien añadió que “México necesita verdad, justicia y respuestas”.
En contraste con la postura legislativa, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) respaldó la postura federal. María Dolores González, presidenta de la CDHCM, reconoció que el informe de la ONU tiene fallas metodológicas y destacó que el documento deja claro que “no hay evidencia para pensar que el gobierno de México tenga una política deliberada, ya sea por acción u omisión, para cometer desapariciones”.