Ciudad De México, 08 de abril de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó dos recursos de impedimento interpuestos por el empresario Ricardo Salinas Pliego para evitar la participación de las ministras Loretta Ortiz Ahlf y María Estela Ríos González en la resolución del amparo en revisión 492/2023, relativo a las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La Corte notificó el pasado lunes, mediante listas electrónicas, su determinación de rechazar los argumentos del promovente. El tribunal señaló que “se estima que no es viable sustanciar el incidente de recusación planteado, pues los argumentos del promovente evidencian que se hace valer con el propósito de dilatar o entorpecer la resolución del amparo en revisión, por lo que se impone desecharlo de plano”.
Con estos dos nuevos intentos, suman 10 los recursos de impedimento interpuestos por Grupo Salinas contra diversos ministros, incluyendo integrantes de la anterior conformación del tribunal. La investigación señala que el empresario ha desplegado en años recientes esta estrategia de recursos legales, principalmente recusaciones, en los juicios que ha promovido ante la SCJN.
El asunto está programado para discutirse mañana en el pleno, con un proyecto elaborado por el ministro Giovanni Figueroa Mejía, quien propone sobreseer el recurso del empresario. De aprobarse dicho proyecto, la UIF conservaría su facultad para acceder a información patrimonial y financiera con fines de supervisión y combate a delitos como lavado de dinero y terrorismo.
En este contexto, la Suprema Corte ya avaló que la UIF pueda inmovilizar cuentas bancarias sin orden judicial cuando existan indicios de recursos ilícitos. Además, la autoridad podrá continuar por hasta 10 años el análisis de información bancaria del dueño de Grupo Salinas, solicitada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en diciembre de 2021, junto con la de otros 78 empresarios.
Sobre esta medida, Jorge Sepúlveda, primer vicepresidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, advirtió que otorga amplias facultades a una autoridad administrativa sin garantizar plenamente el derecho de audiencia previo.