Ciudad De México, 27 de mayo de 2026.- La pobreza laboral en México disminuyó a 30.7% en el primer trimestre de 2026, lo que representa una reducción de 3.2 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2025, según datos reportados por medios que citan cifras del INEGI.
En el ámbito rural, la pobreza laboral bajó 3.8 puntos porcentuales, pasando de 48.0% a 44.2%, mientras que en el ámbito urbano la disminución fue de 2.8 puntos porcentuales, de 29.7% a 26.9%. Los estados con mayor porcentaje de población en esta condición fueron Chiapas (60.8%), Oaxaca (52.7%) y Guerrero (47.7%). Por el contrario, las entidades con menor incidencia fueron Baja California Sur (14.1%), Baja California (16.3%) y Colima (19.9%).
El ingreso laboral real promedio de la población ocupada a nivel nacional fue de 8,110.67 pesos al mes en el primer trimestre de 2026. Se registró una diferencia de ingreso entre géneros de 1,669.47 pesos: las mujeres ocupadas reportaron un ingreso real de 7,126.15 pesos, mientras que los hombres obtuvieron 8,795.62 pesos.
En cuanto a la formalidad, las personas contratadas bajo este esquema reportaron un ingreso mensual de 11,157.72 pesos, con un aumento anual del 4.1%. La población informal percibió ingresos de 5,751.41 pesos, con un incremento del 6.6%.
Por otro lado, la Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública (Encoap) 2025, levantada entre septiembre y octubre de 2025, reveló que tres de cada cuatro personas de 18 años y más tiene un nivel de confianza alto o moderadamente alto en las fuerzas armadas (Ejército, Marina y Fuerza Aérea). El 61% de la población manifestó ese mismo nivel de confianza en la Guardia Nacional.
La confianza en otras instituciones varió: el 56.3% de la población de 18 años y más tiene confianza alta o moderadamente alta en los empleados del gobierno federal, y el 53% en el gobierno federal como institución. En contraste, el 41% expresó confianza en el Congreso de la Unión y el 38.8% en los congresos estatales.
Sobre la percepción de corrupción, el 84.9% de la población consideró probable que un servidor público acepte una oferta de dinero por parte de un ciudadano o empresa. Asimismo, el 82.4% reportó que es probable que las personas con cargos de representación acepten una oferta laboral en el sector privado cuando implique otorgar un favor político.