Juez ordena atención médica urgente para ‘El Güero’ Palma; trasladan a sobrino de ‘El Chapo’ al Altiplano

Almoloya De Juárez, 28 de mayo de 2026.- Un juez federal ordenó a las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya (penal del Altiplano) brindar atención médica inmediata a Héctor ‘El Güero’ Palma Salazar, quien se reporta en estado de salud “muy grave”. La resolución judicial concede el amparo presentado por el interno para que se le otorguen los servicios y tratamientos necesarios.

De acuerdo con la información recabada, Palma Salazar fue diagnosticado con tres hernias discales en su columna que afectan el nervio ciático. El recluso presenta dolores muy fuertes en la espalda y el pecho al respirar, así como insomnio. Se señala que, desde el 13 de abril de 2026, el área de salud del penal ignoró su caso pese a su condición.

En otro hecho relacionado con el mismo centro penitenciario, Isaí Martínez, sobrino de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, fue trasladado al penal del Altiplano. Martínez salió de Hermosillo, Sonora, tras haber sido detenido en Nogales el 26 de mayo de 2026. Su traslado se realizó en un avión militar que partió de la base aérea de Hermosillo a las 12:25 horas del 27 de mayo de 2026 con destino al Estado de México.

El detenido llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) alrededor de las 15:30 horas del 27 de mayo de 2026. Con su ingreso, Isaí Martínez se convierte en el cuarto familiar directo de ‘El Chapo’ Guzmán que llega a este penal. Hasta el momento, se desconoce si será puesto a disposición de un juez tras su arribo.

Por separado, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera dirigió una carta al juez de distrito Brian M. Cogan en Estados Unidos solicitando “trato justo” y garantías constitucionales. En el documento, Guzmán Loera afirmó: “Solicito recibir un trato justo en este país. De acuerdo con los principios constitucionales y las leyes aplicables en la corte, tengo derecho a comunicarme y a ser escuchado, así como a la igualdad en la protección de mis derechos”.

En su misiva, el narcotraficante denunció presuntas irregularidades en el caso que enfrenta y aseguró que sus derechos constitucionales “han sido vulnerados”, indicando que la declaración se presenta como una preocupación ante el tribunal por la “aparente falta de evidencia bajo la ley federal” y pidió “atender mi solicitud de justicia y equidad conforme a la ley”.

Ante la solicitud, el juez Brian M. Cogan respondió que, una vez condenado, las disposiciones sobre la reclusión de Guzmán están en manos de la Agencia Federal de Prisiones de EE.UU. y que él no tenía poder para intervenir.

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