Ciudad de Mexico, 29 de mayo de 2026.- El Senado de la República aprobó citar a reunión de trabajo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y al fiscal de justicia de esa entidad, César Jauregüi. La sesión está programada para el próximo martes 28 de abril, con el propósito de que los funcionarios expliquen la presencia de agentes de la CIA en territorio nacional.
La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado votó a favor de la cita. Su coordinador, Ricardo Anaya, declaró que la gobernadora Maru Campos “no tiene inconveniente en venir, así es que con mucho gusto vamos a votar a favor de que venga la gobernadora de Chihuahua a explicarles cómo sí se combate al crimen organizado”.
Durante la discusión, Anaya también demandó que se cite al gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, y a la gobernadora de Sinaloa, Marina del Pilar. El legislador panista calificó al primero como “impresentable” y solicitó que acudan al Senado para explicar reuniones con el Mayo Zambada, la cancelación de visa de Marina del Pilar por parte de Estados Unidos y las acusaciones contra su esposo, Carlos Torres, de ser cabeza de un grupo criminal que trafica con huachicol fiscal.
Por otro lado, el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, votó en contra al argumentar que el proceso está violando la ley. “¡Por favor! Qué forma tan pasivo-agresiva de invitar a la Gobernadora”, dijo Colosio, quien añadió: “Le pueden cambiar el nombre, pero no la sustancia del citatorio que el día de hoy están queriendo aprobar. Una comparecencia disfrazada de invitación sigue siendo una comparecencia”.
En cuanto a las posturas de otros senadores, el morenista Gerardo Fernández acusó que la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua busca “generar condiciones de descarrilamiento del gobierno de la compañera presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. ¡No se los vamos a permitir!”. Por su parte, el también senador de Morena, Javier Corral, acusó a Maru Campos de ser “mitómana, que miente como respira”.
Oscar Cantón, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, aseguró que el acuerdo aprobado “no significa sanción alguna”. Explicó que si la invitación es declinada, “no prejuzga ninguna culpabilidad penal”, pero enfatizó que el Senado activará su “mecanismo de control político, de rendición de cuentas y esclarecimiento documental plenamente razonable frente a hechos de posible relevancia constitucional y de seguridad nacional”.