FGE abre carpeta por privación ilegal de libertad de dos inspectores del IMOS en Ensenada

Ensenada, 17 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación por el delito de privación ilegal de la libertad de dos inspectores del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) de Baja California. Los hechos ocurrieron en la delegación de Punta Colonet, en Ensenada, y la investigación tiene asignado el Número Único de Caso (NUC) 0201-2026-08252.

Las víctimas fueron identificadas como Erick Sánchez Zertuche López, de 31 años de edad, y José Héctor Oliveros Carabita, de 48 años. Sánchez Zertuche López es hijo de la diputada federal de Morena, Rocío López Gorosave, y del abogado y empresario inmobiliario Juan Antonio Sánchez Zertuche. Ambos inspectores fueron retenidos cuando regresaban en caravana de un operativo realizado en San Quintín.

De acuerdo con los hechos extraídos, un grupo de hombres armados llevó a los inspectores en camionetas a una zona desconocida. Posteriormente se determinó que habían estado privados de su libertad en un inmueble ubicado en el Ejido Ruiz Ordaz. Los dos funcionarios fueron liberados poco más de 24 horas después de iniciada la carpeta de investigación.

Alrededor de las 23:00 horas del día de la liberación, un convoy de policías llegó a las instalaciones de la FGE con los inspectores. En el lugar donde estuvieron cautivos, en el Ejido Ruiz Ordaz, las autoridades aseguraron al menos cuatro armas largas, equipo táctico y varios vehículos presuntamente utilizados para la comisión del delito. A la fecha de esta publicación, no hay detenidos por este caso.

La investigación se centra en dos líneas relacionadas con la actividad de grupos del crimen organizado que operan en la región, estableciendo que el ataque fue dirigido específicamente contra los ocupantes de la unidad en la que viajaban. Investigadores del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General de la República (FGR) señalaron que el móvil fue “por una deuda de drogas que asciende a 3 millones de dólares y una más en Estados Unidos por 2 millones de dólares”.

Existe una contradicción en la narrativa de los hechos: la diputada Rocío López Gorosave dio su versión de lo sucedido, misma que difiere de la información proporcionada por las autoridades estatales y federales.

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