Tenancingo, 18 de junio de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ejerció acción penal contra seis personas presuntamente relacionadas con la simulación del secuestro de la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, ocurrido el 31 de mayo.
Tres personas ya fueron detenidas, mientras que existen órdenes de captura vigentes contra dos hombres más, identificados como familiares cercanos de la alcaldesa. Una servidora pública será sometida a audiencia de formulación de imputación por la probable comisión del hecho delictivo de simulación de secuestro.
La Fiscalía señaló que un testimonio recabado refiere que “todo lo estaban planeando ellos, ya que pensaban pedir un rescate de 40 millones de pesos y que dicho rescate saliera del ayuntamiento, ya que había un desfalco y que eso les serviría para justificar el dinero”.
Las indagatorias incluyeron análisis de videograbaciones, entrevistas ministeriales, rastreo telefónico y revisión de comunicaciones. En las imágenes obtenidas no se observan actos de violencia física o sometimiento contra la alcaldesa durante el momento en que abordó el vehículo.
La presidenta municipal habría dado indicaciones sobre rutas para evitar cámaras de vigilancia y, durante el trayecto, utilizó un teléfono celular para comunicarse con familiares. En una conversación telefónica pidió expresamente “que no avisara a la policía”.
Desde febrero de este año habría comenzado la planeación del supuesto secuestro por parte de José Roberto ‘N’ y Oscar ‘N’, identificados como esposo y cuñado de la alcaldesa, respectivamente. Ambos cuentan con órdenes de aprehensión vigentes y son considerados prófugos.
La audiencia de formulación de imputación contra Nancy Nápoles Pacheco se realizará el próximo 9 de julio. De acuerdo con la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, los particulares investigados podrían alcanzar una penalidad de hasta 16 años de prisión, mientras que la servidora pública alcanzaría una sanción de hasta 700 jornadas de trabajo a favor de la comunidad.
Debido a los indicios relacionados con un posible faltante de recursos públicos por 40 millones de pesos, la institución dio vista a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).