Ciudad De México, 26 de junio de 2026.- Han pasado diez años desde el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres, ocurrido por su oposición a un proyecto hidroeléctrico en las tierras de su comunidad. En este contexto, Bertha Zúñiga Cáceres, hija de la líder asesinada, ha pedido a autoridades de la Unión Europea, así como de Holanda, España, Alemania, Suiza e Italia, una supervisión más minuciosa de las inversiones extranjeras en países del Sur Global.
Zúñiga Cáceres se reunió con autoridades y organizaciones de la sociedad civil en Madrid para plantear estas demandas. “Esa es nuestra lucha ahora, además de trabajar por el fin de la negligencia del Gobierno de Honduras. Para evitar que crímenes así vuelvan a repetirse”, declaró la activista.
Las exigencias surgen seis meses después de que se presentara un informe independiente encargado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el crimen. El documento señala que la estructura que financió el asesinato de Berta Cáceres “no se ha desmantelado” y que prevalece la impunidad. El plan hidroeléctrico Agua Zarca, contra el que luchaba la activista, contaba con financiación europea.
Según el informe, los fondos desembolsados por el Banco de Desarrollo de los Países Bajos (FMO) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) “fueron desviados y utilizados para financiar un conjunto de actividades ilícitas vinculadas a la gestión violenta del conflicto territorial, y, en última instancia, el asesinato de Berta Cáceres”.
Camilo Bermúdez, miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización fundada por Berta Cáceres, afirmó: “Los expertos lograron probar que el crimen fue pagado con el dinero de estos bancos internacionales que estaba destinado al desarrollo de Honduras, pero terminó en manos de los sicarios”.
Pedro Biscay, director del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) en Buenos Aires e integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que realizó la investigación en Honduras, destacó la importancia del hallazgo. “Se ha puesto sobre la mesa la responsabilidad de los bancos de desarrollo en el respeto a los derechos fundamentales en los diferentes lugares en los que operan”, indicó.
Biscay añadió que el caso representa “un precedente, una advertencia de peso para que Europa sea mucho más rigurosa en los proyectos en países emergentes”.