Ciudad De México, 02 de julio de 2026.- El régimen copresidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha inaugurado una nueva fase en las confiscaciones de propiedades a opositores y desterrados. Si antes distribuía los inmuebles arrebatados entre distintas instituciones estatales, ahora los vende, los alquila o los reparte entre sus adeptos políticos.
Así lo confirmó el fotoperiodista Oswaldo Rivas, quien cubrió para la agencia France-Presse las protestas sociales de 2018. Hace unas semanas, Rivas descubrió en un portal de bienes raíces que la casa que le había sido arrebatada estaba a la venta por 255,000 dólares. El anuncio exhibía las mismas fotografías que él había publicado en internet cuando intentó vender la propiedad antes de huir del país.
La vivienda fue puesta a la venta en el portal Encuentra24 por un gestor inmobiliario identificado como Moreno Merlo. Rivas se vio obligado a salir de Nicaragua en 2024 tras sufrir la persecución de la policía. Su casa fue allanada y sus abogados le aconsejaron no intervenir por temor a perder sus licencias profesionales. Finalmente, el inmueble terminó inscrito a nombre de un tercero, Armando Llanes, a quien el fotoperiodista no conoce.
Al otro lado de la ciudad, la residencia del politólogo Óscar René Vargas es hoy un restaurante llamado El Chamol Pinolero. Donde antes guardaba sus libros y cultivaba árboles frutales en un amplio patio, ahora se acomodan mesas y una terraza animada por música de marimba por las noches. Vargas, actualmente exiliado en Costa Rica, relata que tras su salida del país, sus libros sobre la historia de Nicaragua terminaron en librerías de viejo. Desde 2023, la propiedad está ocupada por este negocio de comida tradicional.
“No sé si la vendieron o la alquilaron. Lo único que sé es que la ocuparon entre mayo y junio de 2023”, afirma Vargas. Estos casos representan una nueva etapa de las confiscaciones, una política que en Nicaragua arrastra el peso de un fantasma histórico: la masiva apropiación de propiedades que entre los años ochenta y noventa se conoció popularmente como la Piñata.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU ha calificado las confiscaciones como una política de Estado deliberada. El organismo documentó que desde 2018, y con mayor intensidad a partir de 2023, las autoridades sandinistas han arrebatado viviendas, vehículos, terrenos, cuentas bancarias, empresas y pensiones a personas en el exilio. Todos los casos analizados se ejecutaron de forma arbitraria, ya sea como resultado de juicios espurios o sin ninguna base legal.
El GHREN concluyó que las “confiscaciones forman parte de una estrategia sistemática de represión transnacional cuyo objetivo es eliminar cualquier forma de oposición y garantizar la impunidad del régimen”.