Por Redacción
Ensenada, 20 de julio de 2026.- Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, ingresó este lunes a las 14:15 horas al penal de máxima seguridad del Altiplano, junto con otros cuatro imputados, después de que la jueza Alejandra Ramírez de la Vega dictó prisión preventiva en su contra por su posible participación en delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.
La detención del exmandatario se concretó el jueves 16 de julio en Ensenada, Baja California, luego de que la FGR obtuviera una orden de aprehensión tras un cambio de criterio judicial. Previamente, el 22 de junio de 2026, el juez Mario Elizondo Martínez había negado la solicitud, pero el 13 de julio de 2026, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega concedió la orden contra 25 imputados, incluyendo a Ruffo Appel y a Carlos Xavier Treviño Sepúlveda, por los delitos de delincuencia organizada, un delito en materia de hidrocarburos y contrabando.
La audiencia inicial contra Ruffo Appel y otros siete presuntos implicados comenzó la noche del 17 de julio a las 22:00 horas vía videoconferencia ante el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. El procedimiento se extendió por más de 30 horas, aunque algunos reportes indican que duró 40 horas. Durante la diligencia, la jueza concluyó que la participación de Ruffo Appel “no se limita a una intervención material aislada, sino que corresponde a la de un dirigente dentro de una organización criminal con dominio funcional del hecho”.
La fiscal Ernestina Godoy afirmó que con estas acciones se desmanteló “la red de huachicol más grande de México”, la cual, según informó, causó una afectación al erario por más de 4,000 millones de pesos; otras fuentes cifran el daño en 4,456 millones de pesos. La investigación tuvo origen en el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo realizado en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila, y ha identificado la participación de 70 personas, incluyendo representantes aduanales y servidores públicos. La empresa Ingemar, de la cual Ruffo Appel es accionista mayoritario, está vinculada a las pesquisas.
Mientras dos imputados, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, permanecerán en sus domicilios por motivos de salud, y Adriana Magali Bárcenas Guillén quedó presa en el Cereso Nezahualcóyotl Sur, la defensa de Ruffo Appel y sus coacusados se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica el próximo martes 21 de julio. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, precisó que aún faltan más aprehensiones por cumplimentar.
La presidenta Claudia Sheinbaum descartó cualquier motivación política en la detención, asegurando que es “derivado de una investigación que tiene un año” y negó que tenga relación con audios filtrados de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. No obstante, Verónica Ruffo, hija del exgobernador, denunció un “trato indigno y humillante” por parte de la FGR y exigió “un juicio con pruebas, no una condena política anticipada”.
Por su parte, Roberto Gil Zuarth, exsecretario de Gobernación, criticó que la audiencia inicial se desarrollara “a puerta cerrada, sin prensa, sin público, sin familiares”, exigencia que también fue respaldada por el PAN, el cual pidió legalidad y debido proceso. Coparmex en Tijuana, Mexicali y Ensenada consideró que el caso refleja una aplicación “discrecional” de la ley para crear “cortinas de humo”.