Por Redacción
Managua, 21 de julio de 2026.- El presidente Daniel Ortega anunció la suspensión indefinida de comicios en Nicaragua, eliminando formalmente el mecanismo electoral como vía de acceso al poder. La declaración fue realizada durante un discurso pronunciado en la celebración del 47 aniversario de la revolución sandinista.
Ortega argumentó que la medida busca impedir el regreso de la oposición política al Gobierno y consolidar el esquema de poder que comparte con su esposa, Rosario Murillo. “Aquí no volverá a haber elecciones (…) para que por ahí intenten ellos [la oposición] atrapar al Gobierno, atrapar al poder. Se acabó la historia de que los partidos puestos por los ‘yanquis’, puestos por los ‘somocistas’, vuelvan a llegar al Gobierno. Jamás, jamás”, afirmó el mandatario.
Para lograr este objetivo, el Gobierno trabajará con la Asamblea Nacional, subordinada a la Presidencia, y con las organizaciones correspondientes a las leyes. Ortega, quien se desempeña como presidente desde 2007 tras un primer mandato entre 1985 y 1990, ha encabezado el poder de forma consecutiva en los periodos 2007-2012, 2012-2017, 2017-2022 y el actual desde 2022.
Tiziano Breda, analista de la organización especializada en conflictos ACLED, señaló que la decisión constituye un repliegue defensivo derivado de la pérdida de respaldo popular del régimen. Según Breda, Ortega y Murillo temen que cualquier apertura política permita el resurgimiento de la disidencia interna, razón por la cual optaron por suprimir por completo la competencia electoral en vez de organizar procesos considerados fraudulentos por la comunidad internacional.
Por su parte, Félix Maradiaga, dirigente opositor excarcelado y deportado a Estados Unidos en 2023, quien preside el movimiento en el exilio Ruta del Cambio, calificó la postura del mandatario nicaragüense como una muestra de debilidad institucional más que de fortaleza política. Maradiaga fue uno de los principales precandidatos presidenciales detenidos previamente a los comicios de noviembre de 2021, proceso que derivó en el cuarto mandato consecutivo de Ortega en enero de 2022 y generó un aislamiento diplomático agravado por sanciones de la Unión Europea y EE.UU.
Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica que se remonta a abril de 2018, cuando protestas antigubernamentales fueron reprimidas en operativos que, según organismos defensores de derechos humanos, dejaron más de 300 personas fallecidas. En meses posteriores a aquellos hechos, la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó al Gobierno de Ortega y advirtió sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad, mientras que EE.UU. restringió visas a más de un centenar de funcionarios nicaragüenses.